Empleados y funcionarios comparten la misma sensación de desazón. Todos pueden enumerar con lujo de detalles las incontables falencias del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), pero guardan silencio cuando llega el momento de exponer soluciones. Y mientras las autoridades del Subsidio (entidad intervenida por el Gobierno en 1990) buscan la forma de adecuar sus procedimientos administrativos al control preventivo exigido por el Tribunal de Cuentas (TC), gremialistas y técnicos del Tribunal opinan que sólo una ley de normalización puede arreglar el desorden de fondo que existe en la entidad.
Ese entorno de desorganización y opacidad explica que el jueves pasado la casa central haya suspendido (por dos horas) la atención al público por falta de papel. A raíz de ese hecho inédito, LA GACETA constató que había demoras preocupantes en los pagos a todos los proveedores. Dicho atraso, a su vez, está vinculado a la sanción que el TC impuso a Nelly M. Ganim, interventora del Ipsst -la funcionaria interpuso un recurso de reconsideración contra el apercibimiento-.
El meollo del asunto es la discusión sobre la oportunidad del control de los fondos públicos a disposición del Subsidio (585 millones de pesos en 2010). A partir de 2007, la Delegación Destacada del TC en Previsión insiste en que, según la Ley de Administración Financiera (Nº 6.970), corresponde que el control sea previo al efectivo pago. No obstante, la gestión de Ganim -el gobernador José Alperovich la designó en el cargo en abril de 2008- siguió dando participación al TC a posteriori de abonar a sus proveedores aduciendo que ese había sido el modus operandi del Ipsst durante décadas.
A regañadientes
Tras dos llamados de atención y una sanción (ver "Antecedentes del caso"), este viernes Ganim dio 10 días a sus colaboradores para reformular el sistema administrativo. La decisión fue adoptada a regañadientes: fuentes del entorno de la interventora dijeron que el TC se extralimita en sus funciones y, so pretexto de control, se entromete en la órbita de decisión del Subsidio. "El Tribunal se ensañó con el Ipsst a partir del caso ?Macías?... aquí todos nos preguntamos si es igual de estricto con, por ejemplo, el control de los pagos de la Caja Popular de Ahorros", manifestó un funcionario recordando el escándalo del pago de $27.600 ordenado por Alperovich en 2004 -y ejecutado por el entonces interventor Mario Koltan- en beneficio de un empresario (Oscar Macías) que no estaba afiliado a la obra social estatal.
La decisión de la interventora (al igual que Koltan, es candidata a legisladora por un acople del oficialismo) no convence a las autoridades de la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social (Atepyss), el gremio mayoritario del Subsidio. Representantes de los trabajadores advierten que 21 años de intervención han deteriorado el orden interno de la entidad y que esta necesita una reforma integral. Los gremialistas consultados por LA GACETA consideran que esa transformación sólo puede ser impulsada por una conducción elegida con participación de los afiliados y dotada de capacidad suficiente para contener la incidencia del poder político sobre Previsión.
Funcionarios del TC añaden que la normalización del Subsidio permitiría, por ejemplo, incorporar un organigrama y un manual de funciones y misiones, herramientas esenciales para una organización del tamaño de la obra social (tiene cerca de 1.000 empleados). Un esquema de esta naturaleza podría mejorar la distribución de responsabilidades entre las autoridades y aumentar la transparencia del Instituto a cargo de la cobertura de salud de 400.000 afiliados.