El avance de la causa en la que se investiga el destino dado por las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a los fondos mineros dependerá, en gran medida, de los resultados que arrojen las pericias que concretó Gendarmería Nacional en facultades y dependencias de esa casa de estudios superiores.
Por disposición del juez federal Nº 2, Mario Racedo, y a instancias de un requerimiento del fiscal Carlos Brito, una comisión de la fuerza de seguridad nacional tomó fotografías y filmó algunas de las obras que figuran en el plan 2006/2009 que presentó el rector, Juan Alberto Cerisola, ante el consejo superior de la UNT. Esos trabajos de construcción de nuevos espacios y de refacción de edificios fueron financiados con los recursos provenientes de las utilidades de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). En total, según el informe, a la UNT llegaron unos $ 400 millones en ese lapso, de los cuales $ 218 millones figuran como egresos en la realización de obras de infraestructura.
La causa se inició a partir de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se anexó otro expediente impulsado por el abogado Oscar López. En ambos se solicita que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación de obras en la UNT. Hasta aquí, las medidas dispuestas por la Justicia Federal se circunscriben a las obras concretadas por terceros. Según consta en el expediente, son 94 los proyectos culminados: 22 se hicieron bajo los preceptos de la Ley de Obras Públicas, en tanto que las restantes ya se efectuaron mediante un régimen especial de contratación dispuesto por el Rectorado en abril de 2008.
En cuanto a las obras hechas por administración, la rendición de cuentas detalla una inversión de apenas $ 19 millones.