MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo, José Mujica, firmará mañana un decreto por el que habilitará la reapertura judicial de la investigación sobre 88 violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, como secuestros, desapariciones y torturas.
El acto se concretará en la semana de recordación de los 38 años del golpe de Estado (hubo marchas y actos el lunes, fecha exacta de la interrupción democrática de 1973) y a un mes del fracaso de un proyecto para anular la Ley de Caducidad, un amplio paraguas de impunidad para militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, confirmó que el mandatario resolvió destrabar las causas en cumplimiento "de un deber ético y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", que en marzo ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas. El Poder Judicial deberá "disponer o no el desarchivo de esos casos si hay mérito o cosa juzgada", según el funcionario.
En el mismo sentido, adelantó que tras "el análisis exhaustivo" de la sentencia de la CIDH (a partir de una denuncia del poeta argentino, Juan Gelman), el Gobierno incrementará las facultades de la comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz, instalada en 2000 por el ex presidente colorado, Jorge Batlle. También completará el banco de datos genéticos para eventuales comparaciones de restos de los 38 desaparecidos que hubo en Uruguay entre 1973 y 1985, a los que se suman unos 200 más en otros países del cono sur, por la implementación del plan Cóndor.
Pautas legales
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986, un año y medio después de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos, y cuando la Justicia comenzaba a citar a los acusados por crímenes de lesa humanidad. Fue ratificada por dos plebiscitos, en 1989 y 2009.
Por esta norma, la Justicia debe consultar al PE qué casos puede investigar. Durante 20 años, los gobiernos de los partidos tradicionales (Colorado y Nacional) rechazaron todas las solicitudes presentadas para habilitar procesos, hasta que en 2005, con la llegada del izquierdista Frente Amplio (FA) al poder, el entonces presidente, Tabaré Vázquez, dio luz verde a los primeros juicios. Sin embargo, la legalidad de los decretos como el que pretende firmar Mujica está cuestionada, en distintas interpretaciones sobre el alcance de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica en los casos bajo análisis. (Especial-DPA-AFP-Télam)