Con la emisión de las órdenes de detención contra el líder libio, Muamar Gaddafi, su hijo Saif al Islam, y el titular de la Inteligencia militar, Abdulá al Senussi, la Corte Penal Internacional (CPI) reabrió un nuevo frente para el debate jurídico y político en el seno de la OTAN, o de quien intente hacer cumplir la Justicia internacional: ¿cómo y quién se atreverá a lanzar una eventual operación en Libia con ese objetivo?
Oficialmente, los principales actores de la ofensiva, los aliados internacionales, se amparan en el mandato de la 1973, cuya misión es proteger a la población civil de los ataques de las fuerzas leales al líder libio. No obstante, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Rodham Clinton, no fue tan categórica a la hora de limitar el ámbito de acción.
A pesar de que la versión oficial repite que la OTAN "no pone a personas como objetivos", desde la propia organización militar se admite que Naciones Unidas (del cual depende la CPI), tendrá un papel destacado en la era post Gaddafi.
Al mismo tiempo, otro actor en la escena internacional, la alta representante de política exterior y seguridad común de la Unión Europea, Catherine Ashton, avanza en dirección a un futuro reconocimiento pleno por parte del bloque del Consejo libio de Transición, que aglutina a la oposición al líder libio.
Gaddafi sigue desafiante tres meses después del inicio de la ofensiva "Protector Unificado" y aunque ahora sea, de hecho, un prófugo de la Justicia internacional. Esta es la segunda vez que la CPI emite una orden de detención contra un jefe de Estado en ejercicio. En agosto de 2010, lo hizocontra el presidente de Sudán, Omar Hassam al Bashir, por crímenes metidos en Darfur; pero esa orden de detención sigue durmiendo el sueño de los justos y está libre.
El conflicto en Libia va camino de prolongarse excesivamente en el tiempo, y algunos aliados ya han dado muestras de cansancio (como Francia, Reino Unido e Italia). Desde algunos círculos estratégicos se admite que solo un despliegue terrestre podría lograr la hipotética captura del libio, lo cual complicaría todavía más el escenario ya que se duda de que la resolución 1973 permita esa clase de operaciones.