BUENOS AIRES.- La comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara Baja citó para mañana a varios intendentes para que brinden información sobre las obras que la Fundación Madres de Plaza de Mayo lleva a cabo en sus respectivos distritos, en medio de la investigación judicial sobre irregularidades en la construcción de viviendas encaradas por el organismo bajo responsabilidad de Sergio Schoklender.
Los intendentes convocados son los de Tigre, Sergio Massa; de Almirante Brown, Daniel Giustozzi; y de Ezeiza, Alejandro Granados. También se ha invitado a los chaqueños Gerardo Cipolini, de la localidad de Roque Saenz Peña y a René Pellares, de Avia Terai; al jefe comunal de Posadas, Orlando Franco; y al rosarino Miguel Lifschitz.
La comisión que preside Hipólito Faustinelli (UCR) había recibido anteriormente al subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, quienes informaron sobre los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Fundación en el marco del plan "Sueños Compartidos" y tiene como principal implicado a Schoklender. Según Faustinelli, la citación se realizará "para corroborar, rectificar lo que dijeron Fatala y Bontempo", ya que "ambos funcionarios nombraron a una cantidad de intendentes diciendo que ellos habían delegado responsabilidades en los controles de la ejecución de viviendas".
Según el parlamentario ya se escuchó "una de las patas de los convenios" y ahora se quiere "escuchar y hacerle algunas preguntas a los intendentes para ver si todo es correcto".
"Queremos plantear inquietudes de algunos miembros a lo que consta de la expresión taquigráfica de los funcionarios, queremos ver que nos digan las responsabilidad que han tenido las jurisdicciones provinciales y municipales sobre la ejecución de obras de la Fundación", declaró el diputado Faustinelli al sitio parlamentario.com.
En tanto el juez federal Norberto Oyarbide continúa su investigación por administración fraudulenta y lavado de dinero contra Sergio Schoklender para construir viviendas sociales con fondos del Estado.
Por otra parte, las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara Baja, discutirán un "régimen de reparación histórica para los cesanteados por la dictadura militar". La iniciativa establece que "todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, Universidades y Asociaciones u Organismos intervenidos durante la última dictadura militar que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/83" serán beneficiarios de indemnizaciones. El monto será equivale "a 30 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Administración. (NA-DyN)