Aunque clausuró la investigación y cerró la causa, los días que se vienen serán agitados para la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Sobre la funcionaria pesa un pedido de destitución y una denuncia por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, encubrimiento e incumplimiento a los deberes de funcionario público, entre otros. La fiscala había concluido que no había elementos suficientes para proseguir con las pesquisas para determinar si hubo o no un ilícito en la contratación de la Fundación Salud (Funsal). Por este hecho, en 2010 el Tribunal de Cuentas (TC) multó al ministro de Salud, Pablo Yedlin, y a dos funcionarios. Según descubrió el TC, Funsal se inscribió meses después de haber dictado los cursos odontológicos por los cuales facturó $ 800.000 al Siprosa. Los abogados Oscar López y Raúl Moreno pidieron al ministro fiscal de la Corte que se reabra la investigación.