Un año después de que el Tribunal de Cuentas (TC) sancionó por transgresiones legales e irregularidades al ministro de Salud, Pablo Yedlin, en los tribunales volverá a discutirse si corresponde o no la investigación penal por el intento de pago de $ 800.000 a una fundación inexistente.

Ayer, el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, recibió una denuncia contra la fiscala María de las Mercedes Carrizo y un pedido de reapertura de la causa en la que se pretende dilucidar si se cometieron o no ilícitos en la contratación de la Fundación Salud (Funsal), que se inscribió legalmente meses después de haber dictado los presuntos cursos odontológicos que se le atribuyen.

Tal como advirtió LA GACETA el viernes, la funcionaria dispuso en abril el archivo de la causa Funsal, abierta en febrero de 2010, a partir de una denuncia formulada por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). Los letrados sustentaron su pedido de investigación en las conclusiones de una Acordada del Tribunal de Cuentas, que anuló el pago en favor de la fundación creada por el profesional chileno Héctor Silva Olivares. El especialista colabora con el Ministerio de Salud desde la primera gestión alperovichista (2003-2007), cuando el ministro era el hoy titular de la cartera sanitaria nacional y vicegobernador (en licencia), Juan Manzur. Además, LA GACETA dio cuenta de que cuatro de los cinco creadores de Funsal eran a la vez empleados del Siprosa.

Según detectó el órgano de control, la fundación se inscribió en la Dirección de Personas Jurídicas tiempo después de haber dictado los supuestos ciclos. Incluso, estrenó sus talonarios con la facturación con los servicios prestados al Siprosa. En consecuencia, en mayo de 2010 el Tribunal sancionó por las "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" al ministro de Salud y a los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Álvarez Garmendia. Los tres aún pagan una multa equivalente a cinco sueldos.

Sin sustento

Ayer, los abogados López y Moreno volvieron a la carga para que la Justicia tome cartas en el asunto y determine si se cometieron o no ilícitos en el proceso de contratación de Funsal.

En consecuencia, requirieron al ministro fiscal que reabra la causa y que designe otro fiscal que la instruya. "Que sea independiente del Poder Ejecutivo y se le garantice seguridad ante las presiones del Gobierno", sostuvieron en el escrito los denunciantes.

Los letrados advirtieron que la clausura de la investigación dispuesta por la fiscala Carrizo no tiene sustento jurídico. En su resolución, la funcionaria respaldó su decisión en que no hubo daño al erario público y en que los tres funcionarios ya fueron sancionados en sede administrativa. Eso, a criterio de López y de Moreno, no basta para cerrar la pesquisa.

En el nuevo planteo, aseguraron que de las propias declaraciones testimoniales tomadas por Carrizo a miembros de la fundación surgieron elementos para profundizar las pesquisas. Por ejemplo, mencionaron que los fundadores de Funsal declararon en sede judicial que sus firmas fueron falsificadas en diversos instrumentos constitutivos de la Fundación y que Silva Olivares les aseguró que la institución no tenía fines de lucro. "Jamás citó a los miembros de la Funsal después de constituida, ni jamás les comunicó que presentó facturas al Gobierno para cobrar los $ 800.000", advirtieron.

Paralelamente, pusieron en duda la veracidad de los cursos de capacitación dictados. "Nunca existió un cuerpo de profesores, dado que parte del ?método moderno de enseñanza? aplicado consistía en que los propios alumnos -que desconocían la materia- dialogaran sobre la temática y llegaran conjuntamente a conclusiones", afirmaron. Y finalmente, reiteraron que los funcionarios sancionados violaron todas las normas administrativas que rigen para la contratación por parte del Estado.

Paralelamente, los abogados solicitaron al titular del Ministerio Público Fiscal que disponga el inicio de una investigación penal en contra de la fiscala Carrizo, por la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público, encubrimiento, prevaricato y atentado a la división de poderes.