Si un ministro decide sacarle el auto al gobernador para dar un paseo y en el camino lesiona a alguien, no debería preocuparse. Seguramente el Tribunal de Cuentas lo sancionará, pero con las lesiones no pasará nada.

Si uno de estos días, el gabinete en pleno utiliza los fondos destinados al pago de alimentos para realizar una buena fiesta particular, tampoco tienen que alterarse. Es muy posible que el Tribunal de Cuentas les haga pagar una multa, pero en la Justicia estará todo bien porque ya habrán sido reconvenidos.

Las exageraciones que anteceden a estas líneas se hicieron realidad cuando se conoció que las denuncias contra el ministro de Salud, Pablo Yedlin, fueron archivadas. Tampoco se encontró responsables a los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Álvarez Garmendia.

Esa fue la decisión adoptada por la fiscala María de las Mercedes Carrizo en la causa conocida como Funsal. Cabe recordar que el ministerio de Salud había autorizado el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud por dictar unos cursos de especialización odontológica. Es cierto que los fondos no se pagaron, pero se libró la orden de abonar a esa fundación que se constituyó después de que se iniciaron, supuestamente, los cursos. Además, esa institución puso como domicilio un octavo piso, cuyo teléfono estaba a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y asesor del Ministerio de Salud de la Nación. Pese a que no se abonaron los $ 800.000, el Tribunal de Cuentas le descontó a Yedlin parte del sueldo por su desacierto. El presidente de Funsal, el médico chileno Héctor Silva Olivares, no pasó por Tribunales; pero si se mostró como un amigo y anduvo en más de un lugar del país presumiendo con el ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador de la provincia y candidato a su reelección, Juan Manzur, quien nunca habló del tema, aunque tal vez debió haber dado alguna explicación.

La fiscala Carrizo, luego de un sesudo trabajo de investigación que le llevó poco más de un año, concluyó que como ya tuvo una sanción, el trío acusado quedaba libre de culpa y cargo de los supuestos delitos. Aparentemente, la fiscala se debe haber confundido ya que una falta y un castigo administrativo no deberían limpiar un supuesto delito. Hubiera sido bueno que, por lo menos, cumpliera con su deber republicano de defender al Estado y de abrir la causa y efectuar las indagatorias correspondientes antes de firmar el archivo.

Nunca se sabrá si por vergüenza o por error la fiscala ni siquiera comunicó la decisión tomada a los denunciantes Oscar López y Raúl Moreno. Ellos se enteraron de que estaba la resolución por chismes en los pasillos de Tribunales.

Demasiado raro todo: se dictan cursos de especialización. A los destinatarios ni les anotan el DNI. Firman el libramiento de $ 800.000 para una fundación que no existía al momento de dictar el curso. La Funsal fija domicilio en un departamento cuyo de teléfono pertenece a un funcionario y asesor de Manzur. El Tribunal de Cuentas dice que no se hicieron bien las cosas y castiga el intento de pago. Se denuncia en la Justicia y la fiscala dice que ya está todo dicho.

Tal vez ella se haya contagiado del optimismo del gobernador, que siempre que habló de este tema dejó en claro la honorabilidad de Yedlin. Siguiendo ese discurso, el gobernador y todos los funcionarios -incluida la fiscala- no deberían preocuparse por esas supuestas irregularidades. ¿Se le podría haber hecho un daño gravísimo al Estado si no alertaba el Tribunal de Cuentas y nada se investiga porque ya se los castigó?

En todo momento el ministro Manzur -que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito- subestimó la causa. Buscó alejarse, aunque lo acerca su vínculo con el titular de Funsal. Tampoco se rasgó las vestiduras por defender a Yedlin, quien siempre puso la cara por él; y hasta la casa, para que estudiaran juntos cuando eran alumnos.

La decisión de la fiscala Carrizo sorprendió a más de uno en Tribunales, y dejó abierto el camino para las críticas.

Por lo general, y cumpliendo con la Ley de Administración Financiera (LAF), cuando el Tribunal de Cuentas detecta una irregularidad debe elevar su investigación a la Justicia. Después de la "doctrina Carrizo", los legisladores tendrían que reformar las leyes, porque una vez castigado administrativamente un supuesto ilícito no va a hacer falta que la Justicia estudie si hubo un presunto delito contra el Estado.

La "doctrina Carrizo" se basa en el concepto de non bis in idem. Con este principio pretende que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. Además sostiene que no se consumó el delito. Lo cierto es que la intervención del Tribunal de Cuentas evitó que se pagaran los $ 800.000 cuyos libramientos ya se habían hecho. El radical Moreno y el peronista disidente López denunciaron un intento de estafa, que nada tiene que ver con la sanción administrativa del Tribunal de Cuentas y no con un delito (esfera judicial).

La Justicia es el último recurso que le queda al ciudadano. La sanción del Tribunal de Cuentas es administrativa, no dicta sentencias.

Según los principales referentes del Gobierno, el caso Funsal está cerrado, después de que la Justicia lo archivó.

La fiscala Carrizo debe estar sumamente frustrada por no haber podido avanzar en una causa en la que el Tribunal de Cuentas advirtió que:

1) El convenio fue firmado el 19 de agosto y la fecha de iniciación de los cursos fue el 12 de mayo de 2009.

2) La fundación no adjunta la certificación para funcionar como tal por parte de la Dirección de Personas Jurídicas.

3) En las facturas de Funsal figura impreso como fecha de inicio de actividades "agosto/09", dos meses después de que ya empezó a dictar cursos.

4) Las listas de estudiantes -profesionales y auxiliares- que figuran no tienen números de DNI.

5) No se adjunta listado de los profesionales responsables del dictado de los cursos de capacitación.

6) No se dio cumplimiento con el artículo 127 de la LAF, ya que los cursos se habrían dictado sin el acto administrativo de autorización, lo que implica el uso de fondos públicos sin haber sido sometido al control preventivo del Tribunal de Cuentas.

Del 3 a 0 al 2 a 1
Esta semana que se despidió, el Poder Judicial se cargó este escandaloso archivo, pero se sacó de encima la resolución sobre la inconstitucionalidad de la Junta Electoral provincial. La Constitución "sijosesista" había dicho que la máxima autoridad electoral iba a estar integrada por el fiscal de Estado, por el vicegobernador y por presidente de la Corte. La presencia del fiscal de Estado era la innovación cuestionada porque había dos personas designadas por el Ejecutivo (el vice, a la vez compañero de fórmula del primer mandatario, y el fiscal de Estado, que está a tiro de la pluma del gobernador). El martes, Alperovich dijo que desistía de este pleito que estaba en la Corte Suprema y, por lo tanto, ahora la Legislatura deberá establecer una nueva composición de la Junta. Al titular del Ejecutivo le llevó cinco años tomar esta decisión. Triunfó la cordura judicial, pero demostró un grado de displicencia con las instituciones que preocupa. Alperovich es un pragmático. En realidad dijo en vez de ganar 3 a 0 cualquier cuestión electoral la puede ganar 2 a 1. Es que él cuenta con que el presidente de la Corte juegue para él, no hay que olvidar que el día que asumió, Antonio Estofán reconoció su amistad con Alperovich.

Cualquiera sea la composición de la futura Junta, lo primero que harán los que realicen una presentación será pedir la excusación de Estofán.

La Legislatura ya recibió la orden de que el futuro tribunal quede integrado por el titular de la Corte, por el vicegobernador y por el ministro fiscal. Imaginarse que la Legislatura buscará -en tiempos electorales- la composición más independiente es algo tan ilusorio como los primeros párrafos de este enfoque.