POSADAS/BUENOS AIRES.- El gobierno de Misiones negó ayer tener acceso a los fondos que, para la construcción de unas 500 viviendas, se destinan al distrito desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ante un requerimiento judicial en medio del escándalo que involucra al organismo de derechos humanos.
El pedido fue realizado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a los gobiernos de Misiones, Chaco y Santiago del Estero, además de cinco municipios, para conocer los contratos y antecedentes que se firmaron para la construcción de viviendas sociales.
Al respecto, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete provincial, Gustavo Centofanti, dijo ayer que el financiamiento depende del Ministerio de Planificación de la Nación que conduce Julio De Vido, y que la construcción de las casas del programa "Sueños Compartidos" está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En cuanto a la participación del Gobierno provincial en esa iniciativa, el funcionario aseguró que "los controles son estrictos mes a mes". "Misiones firmó el convenio en 2009 con una inversión de $ 46 millones para construir 500 casas en el barrio San Isidro en un predio de 30 hectáreas. Hoy se ejecutan 156 viviendas, de las cuales 50 están terminadas", dijo.
Al ser consultado sobre la operatoria que rige, Centofanti indicó: "es el mismo procedimiento de contrato del Plan Federal de Viviendas; participa el Ministerio de Planificación, que firma con la provincia un acuerdo con la Unidad Ejecutora Provincial, y esta contrata a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para que realice la obra".
Sobre el trámite que siguen las inspecciones de obras y los desembolsos, el funcionario misionero añadió: "es una operatoria enlatada", en la que la participación provincial se circunscribe a los controles. "Las certificaciones se remiten a Planificación de la Nación, que se encarga de los pagos a la Fundación", afirmó.
Destacó también la marcha del programa de construcción de viviendas, por el monto de la inversión y porque contempla la generación de empleo a 140 obreros pagados por la Fundación, cuyo alcance se extiende a la finalización de los estudios primarios y secundarios de los obreros. "Es un plan de inclusión, no sólo de construcción de viviendas", agregó.
Contradicciones
Las afirmaciones de Centofanti contraciden los dichos del subsecretario de Desarrollo Urbano de la Nación, Luis Bontempo, y del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, en la Cámara de Diputados. Afirmaron que el Gobierno nacional no tiene "trato directo" con las Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas, sino "con las jurisdicciones" que llevan adelante las obras.
Los funcionarios negaron que el Estado haya destinado U$S 300 millones a la Fundación. "No existe esa cifra", afirmó Fatala. Sin embargo, admitió que desde 2008 el Estado entregó a la Fundación $ 765 millones destinados a la construcción de 4.465 viviendas.
En cuanto al pedido de informes del juez a la Fundación, sobre todos los acuerdos firmados para la construcción de casas con municipios, provincias y la Nación, se otorgó un plazo de 10 días para presentar esa documentación. También se pidió cualquier otro papel que pudiera vincular a la Fundación con las empresas investigadas. (DyN-NA-Especial)