Sentados en los primeros bancos del solemne salón de actos Juan B. Alberdi, serios y formales como si estuviesen en un templo, los primeros 35 ayudantes elegidos por concurso público esperaban ayer las acordadas que oficializan sus designaciones en el cargo ganado. A las 12.25 ya estaban "del otro lado del mostrador", para dicha de ellos y de los Tribunales tucumanos.
Segundos antes del ingreso de autoridades, protagonistas y acompañantes recibieron la siguiente indicación de la prosecretaria Ana María Gollán, a cargo de la Dirección de Ceremonial: "no aplaudan cuando mencionen sus nombres". En contenido silencio y en estricto orden de mérito, uno a uno fueron acercándose al estrado donde los aguardaban los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia (de derecha a izquierda: Daniel Posse, Antonio Gandur, Antonio Estofán -presidente-, René Goane y Claudia Sbdar) y el ministro fiscal, Luis De Mitri.
Luciano Tarulli, de 21 años, fue el primero en recibir su designación. Con 93,27 puntos, tuvo el honor de abrir el orden de mérito compuesto por 483 postulantes en Capital. "El concurso me resultó difícil, pero justo. Con esfuerzo, es posible superarlo. La transparencia de esta experiencia tiró abajo las sospechas de parcialidad; la historia de la Justicia generaba desconfianza", apunta Tarulli, que hoy se integra a Conciliación y Trámite. "¿Qué puedo aportar a Tribunales? Me gustaría trabajar con responsabilidad para acelerar los procesos y aumentar la calidad de las sentencias", anhela el joven y prometedor ayudante.
Compromisos pendientes
El debut de los procesos de selección previstos en la Acordada 1.029 ha sido una proeza, un paso histórico, para un Poder Judicial habituado a designar discrecionalmente a sus empleados. En una alocución breve, Estofán subrayó el logro institucional que justificó la decisión extraordinaria de entregar los nombramientos de ayudantes -el cargo más bajo en el escalafón judicial- en un acto similar al que se acostumbra celebrar para tomar juramento a los nuevos magistrados.
La publicidad de las designaciones por concurso es, en sí misma, una novedad: con el sistema antiguo -aún vigente en el 7% de los casos en la Justicia, según el titular del alto tribunal-, las acordadas de personal no tenían difusión. Por ese régimen ingresaron numerosos parientes y allegados de las autoridades de la Justicia. Aquel esquema teñido de arbitrariedad se intensificó en el año previo a la Acordada 1.029, cuando la Corte nombró discrecionalmente un número récord de personal para llenar las vacantes generadas por la jubilación (con el 82% móvil) de funcionarios y desdoblar el horario de atención de los Tribunales.
El concurso de ayudantes judiciales ha sido un éxito en términos de convocatoria (hubo más de 24.000 inscriptos) y resultados. Entusiasmado por ese antecedente, Estofán calculó ayer que el 70% de la planta judicial habrá sido seleccionada objetivamente (por el Consejo Asesor de la Magistratura o en cumplimiento de la Acordada 1.029) en diez años. Además, se comprometió a ampliar la aplicación del mecanismo de ingreso objetivo, igualitario, y fundado en la idoneidad.
En el presente, está pendiente la adecuación del sistema de ascenso a los parámetros de mérito vigentes en los concursos de acceso y la sustanciación del proceso para postulantes discapacitados -la Acordada 1.029 reserva para ellos un 4% de las ayudantías-. La Corte también tiene previsto seleccionar este año ayudantes de fiscales y defensores (cargos nuevos). El presidente del alto tribunal se comprometió, además, a concursar la secretaría administrativa y de superintendencia interinamente a cargo de Carolina Ledesma Padilla de Goane y Gabriela Blanco desde noviembre de 2009.
Segundos antes del ingreso de autoridades, protagonistas y acompañantes recibieron la siguiente indicación de la prosecretaria Ana María Gollán, a cargo de la Dirección de Ceremonial: "no aplaudan cuando mencionen sus nombres". En contenido silencio y en estricto orden de mérito, uno a uno fueron acercándose al estrado donde los aguardaban los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia (de derecha a izquierda: Daniel Posse, Antonio Gandur, Antonio Estofán -presidente-, René Goane y Claudia Sbdar) y el ministro fiscal, Luis De Mitri.
Luciano Tarulli, de 21 años, fue el primero en recibir su designación. Con 93,27 puntos, tuvo el honor de abrir el orden de mérito compuesto por 483 postulantes en Capital. "El concurso me resultó difícil, pero justo. Con esfuerzo, es posible superarlo. La transparencia de esta experiencia tiró abajo las sospechas de parcialidad; la historia de la Justicia generaba desconfianza", apunta Tarulli, que hoy se integra a Conciliación y Trámite. "¿Qué puedo aportar a Tribunales? Me gustaría trabajar con responsabilidad para acelerar los procesos y aumentar la calidad de las sentencias", anhela el joven y prometedor ayudante.
Compromisos pendientes
El debut de los procesos de selección previstos en la Acordada 1.029 ha sido una proeza, un paso histórico, para un Poder Judicial habituado a designar discrecionalmente a sus empleados. En una alocución breve, Estofán subrayó el logro institucional que justificó la decisión extraordinaria de entregar los nombramientos de ayudantes -el cargo más bajo en el escalafón judicial- en un acto similar al que se acostumbra celebrar para tomar juramento a los nuevos magistrados.
La publicidad de las designaciones por concurso es, en sí misma, una novedad: con el sistema antiguo -aún vigente en el 7% de los casos en la Justicia, según el titular del alto tribunal-, las acordadas de personal no tenían difusión. Por ese régimen ingresaron numerosos parientes y allegados de las autoridades de la Justicia. Aquel esquema teñido de arbitrariedad se intensificó en el año previo a la Acordada 1.029, cuando la Corte nombró discrecionalmente un número récord de personal para llenar las vacantes generadas por la jubilación (con el 82% móvil) de funcionarios y desdoblar el horario de atención de los Tribunales.
El concurso de ayudantes judiciales ha sido un éxito en términos de convocatoria (hubo más de 24.000 inscriptos) y resultados. Entusiasmado por ese antecedente, Estofán calculó ayer que el 70% de la planta judicial habrá sido seleccionada objetivamente (por el Consejo Asesor de la Magistratura o en cumplimiento de la Acordada 1.029) en diez años. Además, se comprometió a ampliar la aplicación del mecanismo de ingreso objetivo, igualitario, y fundado en la idoneidad.
En el presente, está pendiente la adecuación del sistema de ascenso a los parámetros de mérito vigentes en los concursos de acceso y la sustanciación del proceso para postulantes discapacitados -la Acordada 1.029 reserva para ellos un 4% de las ayudantías-. La Corte también tiene previsto seleccionar este año ayudantes de fiscales y defensores (cargos nuevos). El presidente del alto tribunal se comprometió, además, a concursar la secretaría administrativa y de superintendencia interinamente a cargo de Carolina Ledesma Padilla de Goane y Gabriela Blanco desde noviembre de 2009.