Antonio Horacio Romero cree que la dactilografía que aprendió con 13 años en una pequeña academia de barrio le salvó la vida. Gracias a esa y otras destrezas, y a una voluntad y esfuerzo titánicos, otra etapa comienza para él. Atrás quedan el peregrinaje por avisos clasificados esquivos, las changas, la frustración, las privaciones, la incertidumbre, el peso de mantener un endeble almacén familiar y diez años sintiéndose desocupado. Desde hoy, Romero es ayudante judicial de los Tribunales en virtud del debut de los concursos públicos previstos en la Acordada 1.029.

La oportunidad llegó en el mejor momento, justo para celebrar los 50 años que cumplirá el 15 de junio y justo para demostrar con hechos lo que siempre repitió a sus tres hijos: "estudiar vale la pena; con el estudio es posible superarse".

Las reflexiones aparecen tímidamente mientras el ex empleado ferroviario se deja fotografiar detrás del mostrador de su negocio en el barrio Almafuerte, entre una bandeja de huevos y el cuadernillo que estudió para pasar la evaluación de conocimientos teóricos -falló en una sola de las 50 preguntas-. "Me decían que había que tener cuña y que las cosas estaban hechas para beneficiar a ?los hijos de?. Pero mi familia no me dejó abandonar; mi mujer (Karina) estaba segura de que este concurso era para mí", relata sin prisa ni aspavientos.

Venía a los tumbos desde 2001, cuando cerró Ferrocarriles Argentinos. La devaluación consumió dos tercios de la indemnización que le correspondía por trabajar 18 años y 10 meses en el servicio de trenes (llegó a ser jefe de oficina). Sufrió en primera persona el desmantelamiento del sector durante la década de 1990 -"sigo sin encontrarle sentido a la privatización y sin entender por qué la gente se ilusiona cada vez que un político anuncia la reactivación del Belgrano Cargas y de los talleres de Tafí", se queja-.

Buscó trabajo cada domingo. "Pero de 200 avisos a lo mejor salía una oferta para mayores de 40", recuerda. Se presentó en dos concursos de maestranza en la Universidad Tecnológica Regional; anduvo bien, pero no le alcanzó para entrar. La convocatoria del Poder Judicial de finales del año pasado le aceleró el corazón: "estaba hecha a mi medida. Sabía escribir perfectamente a máquina, era bueno en ortografía y en informática. ¡Estudiar teoría jurídica no podía ser difícil!". Se asustó cuando vio que debía competir con 24.000 aspirantes y recuperó la ilusión cuando supo que sólo 700 habían pasado dactilografía, la primera prueba eliminatoria. Al final del exigente proceso, consiguió 89,9 puntos y el puesto 19 en el orden de mérito de Capital compuesto por 483 finalistas.

Pese a que siempre se las rebuscó para mantener a los suyos, Romero sentía que trabajar en casa no era trabajar. "Mis hijos pensaban que su padre estaba desocupado", confiesa a LA GACETA como antes confesó a Teresa Comolli, secretaria de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial. El comentario conmovió a la funcionaria. Su franqueza y gran motivación lo llevaron al despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán, que quería felicitarlo personalmente.

Impactado con la atención que generó su caso, Romero asevera que los concursos deberían haber sido implementados antes y que la experiencia judicial compromete a todos los poderes del Estado. "Mucha gente no tiene derecho a trabajar en la Administración Pública. A mí me daba bronca que inútiles con amigos en el Gobierno tuviesen empleo y yo no. José (Alperovich) metió a toda su familia: los de abajo hacen lo mismo", critica. Después, agradece la posibilidad de integrar el menos político de los tres Poderes del Estado y asegura que hoy, tras recibir la Acordada que lo designe oficialmente como ayudante -la categoría más baja del escalafón-, se pondrá a trabajar para su próximo objetivo profesional: el ascenso.