En cumplimiento a la citación a declaración indagatoria, el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez se presentó ayer ante el juez federal Nº 1, Daniel Bejas. Sin embargo, ni declaró ni ejerció su derecho a no responder preguntas: una vez que concluyó la lectura de las 60 fojas de su imputación, presentó un planteo de reposición, que deberá resolver el magistrado luego de que el fiscal federal Carlos Brito emita opinión. Junto con esa disposición, Bejas determinará si da por concluido el acto de indagatoria o si lo retoma donde quedó.
Pesan sobre Martínez una serie de imputaciones, derivadas de la causa "Romero-Niklison". Tras este juicio, el comisario (r) Roberto Heriberto Albornoz y el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua, en marzo, por haber sido hallados responsables del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros, el 20 de mayo de 1976.
Bejas señaló que Martínez -ex juez federal Nº 1 de Tucumán, entre 1975 y 1983- había pedido contar con los originales de la documentación que se adjunta a la imputación. Como no se le hizo lugar, formuló ahora el planteo de reposición. "Se trata de un pedido de reconsideración, y de una apelación en subsidio (especie de reserva de acudir a instancias superiores, en caso de que su pedido sea otra vez denegado). Martínez entiende que necesita los originales, que no puede pronunciarse si no los tiene a su disposición", explicó Bejas. Agregó que los originales se encuentran en la Cámara de Casación Penal (Buenos Aires), a raíz de las apelaciones planteadas por Menéndez y por Albornoz; pero precisó que las copias, certificadas por secretarios del Juzgado, cuentan con validez legal.
"Se le imputa no haber realizado la investigación (de lo ocurrido aquel 20 de mayo del 76), haber derivado la pesquisa hacia el dueño de la casa, y no haber investigado por qué no había orden de allanamiento, entre otros", indicó Bejas. Según fuentes de la Justicia federal, la Fiscalía considera que existirían pruebas de que Martínez, pese a que habría estado presente en el lugar el día en que ocurrieron los asesinatos, no investigó a los autores y directamente admitió la versión oficial de enfrentamiento, brindada por el III Cuerpo de Ejército.
Otra imputación -siempre según la fuente tribunalicia- estriba en que el entonces juez habría privado de su libertad durante un año a Miguel Romano (propietario de la casa donde ocurrieron los homicidios) y luego habría decidido que sea recluido en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía.
El ex juez, que contará con el patrocinio letrado del defensor oficial, Federico Carnier, se retiró de los Tribunales federales, debido a que Bejas hizo lugarel martes, a un pedido de exención de prisión, a condición de que no abandone el país. La próxima semana podría regresar al despacho del magistrado.