Momentos de extrema tensión se vivieron esta mañana en un intento de desalojo de 10 familias de la comunidad indígena de Quilmes, que ocupan un terreno de cuatro hectáreas en Colalao del Valle. La medida, ordenada por la Justicia a favor de la Sociedad Aráoz, debía llevarse a cabo a las 8, pero la Policía se encontró con la resistencia de las personas involucradas.
José Díaz, de la filial regional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), infórmó que con las primeras luces del día se presentó en el lugar el juez de Paz, Adolfo Salazar, junto con 30 policías, para dar cumplimiento con la decisión ordenada por el juez Juan Carlos Peral, de los Tribunales de esta capital.
"Cuando avanzaron -contó el cacique de Quilmes, Francisco Chaile- nos opusimos y por eso arrojaron gases lacrimógenos y se oyeron disparos de armas, en medio de gritos y de los llantos de las mujeres y los niños". El forcejeo duró cerca de 20 minutos, hasta que se entabló un diálogo entre las partes y se ordenó a los agentes que cesaran con la medida.
Carlos Carlorossi, miembro de la asociación Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), narró que en la seccional policial de Colalao se reunieron el jefe de la comisaría, el juez Salazar y Chaile. Este último, les informó que está vigente la ley 26.160 que desde noviembre de 2006 -y prorrogada este año por el Congreso- prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial.
Frente a ello y ante la resistencia de los "comuneros" (descendientes de indígenas) Salazar ordenó la suspensión de la orden. Al mediodía llegaron al lugar referentes de comunidades cercanas para solidarizarse con las familias involucradas. "Vamos a resistir porque esta tierra nos pertenece", sostuvo Chaile. LA GACETA ©