Más allá de que, jurídicamente, la decisión del Gobierno no viola ninguna norma, los cuestionamientos por el avance del Estado en las empresas están dados por la forma que lo hizo, a través de un decreto de necesidad y urgencia y no de una ley.
Es evidente que la búsqueda de una mayor participación del Estado en las compañías donde la Anses posee una porción del paquete accionario puede estar relacionado con una tendencia ideológica de la gestión económica. Ojo: no se está frente al estilo estatizador del venezolano Hugo Chávez, pero mantenerse en una zona gris implica incertidumbre.
El Estado tiene más peso comparado con la década de 1990. Se quiere controlar más a las empresas y hasta influir en sus políticas de reparto de dividendos. Uno puede preguntarse qué función o para qué está el representante del Estado en el directorio de una compañía. Puede que se interprete que es para proteger las utilidades del sector público o, sencillamente, para decidir políticas que tengan que ver con planes de inversión.
Con sus directores, el Estado busca mayor protagonismo en la dinámica de las empresas, con mayor peso en la asignación de recursos, en una línea casi similar a la que propicia la CGT con el reparto de utilidades entre los trabajadores.
El riesgo de esta avanzada estatal es que se paralice la inversión ante el temor de los capitales por las verdaderas intenciones del Gobierno. Esto, en consecuencia, sí sería una mala jugada. (Especial para LA GACETA)