El tiempo de las moratorias se está agotando. Una docena de días hábiles le faltan recorrer. Después, los planteos administrativos, los juicios y, naturalmente, las apelaciones de aquellos que consideran que no le deben al fisco tanto como este les reclamó o que, sencillamente, el Estado se extralimitó en sus funciones para cobrarles una inexistente deuda. Más allá de eso, la recaudación de la Dirección General de Rentas no corre peligro. Son mucho más que 200.000 contribuyentes los que, mensual o bimestralmente, pagan sus impuestos. Y le dejan a la gestión del gobernador José Alperovich no menos de $ 150 millones por mes. Un 38% más que en 2010.

Más inquietud -en todo caso- existe por el efecto que puede generar el paro de los bancarios en las transferencias coparticipables. Ayer se retrasó el giro de fondos y es posible que hoy y mañana suceda lo mismo, con lo que tal vez Tucumán deba resignarse a perder $ 70 millones de la coparticipación esperados. Claro está que esa pérdida será sólo temporal: se computarán para el próximo mes. Mayo, generalmente, es un mes de vacas gordas por los vencimientos del impuesto a las Ganancias que suelen dejarles pingües ingresos a las provincias. Es el mes en el que el Gobierno arma su colchón financiero.

Los ingresos fiscales son más que necesarios para años de elecciones, por todo el gasto que implica cumplir las viejas y renovadas promesas electorales. Indudablemente que, para sostener cuatro años más una gestión, se necesita plata. Y apoyos políticos. Una franja de grandes contribuyentes -no más de 200- están en la mira del Poder Ejecutivo. "Son grupos importantes que se mantienen renuentes a pagar los impuestos", reconoce una alta fuente del Gobierno.

La moratoria puede dejar más de $ 120 millones. Y tal vez se duplicaría si todos los morosos decidieran regularizar su situación tributaria.

El Gobierno, en este sentido, está siguiendo la ruta del azúcar. Y no sólo por las viejas deudas, de las que algunos ya la honraron y en la que otros siguen discutiendo su origen.

La Dirección de Rentas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) han concluido, recientemente, un intercambio de dictámenes jurídicos acerca del sistema de maquila. El Ejecutivo ya notificó a la actividad acerca de que si los contratos no están sellados y tampoco inscriptos, se considera entonces como una simple operación de compraventa, con lo cual no habrá exención en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos.

Nuevas sociedades

El sistema de maquila fija el pago con azúcar (producto industrializado) del ingenio al productor cañero, que le entrega la caña (materia prima) para la molienda en las industrias.

En los registros oficiales se percibe un crecimiento en la cantidad de sociedades que desean participar de la actividad azucarera, por impulso de los buenos precios -internos y externos- y del empuje que está experimentando el programa de biocombustibles. Esas nuevas sociedades también reclaman ser beneficiarios de la exención. "Estamos analizando caso por caso", admite un funcionario vinculado con el sector.

En la evaluación oficial, se piensa que más del 60% de la producción pasa por el sistema de maquila. Una dulce tentación para un Gobierno que quiere consolidar su situación financiera para cuatro años más de administración y que sólo en este período puede llagar a gastar $ 12.000 millones, un monto que confirma el fuerte impacto del Estado en la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) tucumano.