Decenas de restos óseos humanos, algunos en buen estado de conservación, como un fémur y varias costillas, fueron hallados en el Pozo de Vargas, donde habrían sido arrojados detenidos desaparecidos en la década del 70. La existencia de cuerpos fue confirmada formalmente ayer por el juez federal subrogante Mario Racedo, aunque todavía se realizan estudios para determinar si corresponden a esa época y los análisis de ADN para identificarlos. Esta investigación se activó a partir de una denuncia del peronista disidente Enrique Romero.

Racedo también anunció que se descubrieron huesos fragmentados, quemados y calcinados, compatibles con restos humanos, en las cercanías del Galpón 9, en la zona posterior del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Según denuncias de organismos defensores de los derechos humanos, allí funcionó un centro clandestino de detención.

Las tareas en el Pozo de Vargas (ubicado en Francisco de Aguirre al 4.000) comenzaron en 2002, en un viejo pozo de agua en desuso, que sirvió para abastecer a locomotoras de vapor que llevaban caña de azúcar a los ingenios. La causa del ex Arsenal se inició en 2005.

En el informe oficial presentado por Racedo se puntualizó que en el Pozo de Vargas se concretaron 10 extracciones de restos humanos, con una profundidad de 30 metros. Restan aún 10 metros para llegar hasta lo que sería el piso de la construcción, donde estaría concentrado el grueso del material. En 2004 se encontraron las primeras pruebas genéticas, pero sólo se pudo avanzar a partir de 2009.

Fosas comunes

Racedo recordó que en relación con el ex Arsenal, se denunció la existencia de fosas comunes, donde habrían sido arrojados presuntamente cuerpos de secuestrados de distintas provincias del NOA, según testimonios judiciales que prestaron víctimas sobrevivientes y personal militar y de Gendarmería.

En diversas zonas del ex cuartel se detectó la existencia de minas antipersonales, lo que obligó a encarar tareas de desminado, a cargo del Ejército. Luego se pudieron inspeccionar los sitios señalados manualmente, y con georradares y equipos mecánicos, en una segunda etapa. Se completaron más de 800 perforaciones.

Según Racedo, se extrajeron huesos calcinados, ceniza, carbón, restos de goma y de alambre (corresponderían a cubiertas de neumáticos) , además de vainas y proyectiles de armas de fuego de calibre variado. El juez federal subrogante señaló. además, que dentro del Galpón 9 se realizaron pericias químicas, que le permitieron concluir que allí había funcionado un centro clandestino de detención.

Las pesquisas fueron encomendadas al Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat). La determinación de identidades mediante ADN estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que cotejará las muestras con el Banco de Datos Genéticos de la Nación.

Racedo dijo que sólo investiga estas dos causas para determinar la verdad histórica de los hechos y no las responsabilidades individuales, lo que es competencia de su par Daniel Bejas.