Las denuncias que ex detenidos y familiares de desaparecidos hicieron durante años se alimentaron de pruebas materiales, tras el hallazgo de decenas de restos humanos en el Pozo de Vargas.
El juez federal subrogante Mario Racedo indicó que todavía se realizan estudios para determinar si corresponden a la época de la dictadura, y análisis de ADN para identificarlos.
El viejo pozo de agua, en Francisco de Aguirre al 4.000, comenzó a ser objeto de estudio en 2002 porque se cree que sirvió para arrojar cuerpos de detenidos desaparecidos.
Racedo también anunció también que se descubrieron huesos fragmentados, quemados y calcinados, compatibles con restos humanos, en las cercanías del Galpón 9, en terrenos del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Allí funcionó, según datos que aportaron sobrevivientes y organismos de derechos humanos, el centro clandestino de detención y exterminio más grande del NOA. Según las denuncias, en las fosas comunes que allí se buscan habría restos de personas secuestradas en distintas provincias. LA GACETA©