Al final, la Justicia Federal no pudo probar que un preso vendía drogas en la comisaría de El Manantial. Pero sí hay fuertes sospechas de que ese detenido gozaba de un trato "VIP" en la dependencia. Por eso, el juez federal Mario Agustín Racedo resolvió dictar el procesamiento (sin prisión preventiva) contra ocho policías que trabajaron en la polémica comisaría. Todos ellos están imputados del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, y se le trabaron embargos de entre $ 20.000 y $ 30.000.

El 11 de septiembre, un video llegó a manos del juez federal Racedo. En las imágenes se podía ver a Cristian Achén en la vereda de la comisaría. Un joven se acercaba a él con una bolsa e intercambiaban algo. Según la vecina que realizó la filmación, se trataba de droga.

Cristian y su hermano Fernando estaban detenidos allí desde hace varios meses. La Digedrop los había arrestado tras una serie de allanamientos antidrogas.

Con las evidencias en la mano, el magistrado ordenó que Gendarmería Nacional realizara un allanamiento en la dependencia. No se encontró nada, pero el juez sospecha que se filtró información sobre el procedimiento y abrió una nueva causa por ese tema.

En el marco de la compleja investigación prestaron testimonio varias personas. La mayoría de ellas, policías que trabajaban en la comisaría. Paralelamente, desde el ministerio de Seguridad Ciudadana se pasó a retiro a los comisarios Rubén Jaime y Jorge Santi. Los subcomisarios Amado Juárez y Hugo Gaytán fueron puestos en disponibilidad. Y los comisarios Víctor Reynoso (jefe de zona) y Víctor Pacheco (jefe de Regional Oeste) también fueron desplazados de su cargo. Además, se cambió a todos los oficiales y suboficiales que trabajaban en esa dependencia.

El escándalo, finalmente, no estalló por la presunta comercialización de drogas, sino por dos fotografías que causaron revuelo a nivel nacional.

En una de ellas, se veía a los hermanos Achén montados sobre una motocicleta de la Policía en el patio de la comisaría. En la otra foto, según la causa, se ve a Cristian Achén exhibiendo una escopeta, apoyado en un patrullero, sin ningún custodia.

Imputados

Con estas pruebas y con las declaraciones de la vecina denunciante y de algunos policías, el juez federal Racedo resolvió dictar el procesamiento de Gaytán, Jaime, Santi, Ibarra, Lorena del Valle Díaz, Manuel Alberto Aranda, Guillermo Ramón Fernández y Hugo Gerardo Barrionuevo por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público (los tres primeros en calidad de autores; los últimos, como coautores). Además, contra Gaytán, Jaime y Santi se trabó un embargo de $ 30.000. Contra el resto de los policías, de $ 20.000.

Por ahora, Racedo no decidió qué ocurrirá con Pacheco. Y tampoco encontró pruebas de que a la vecina la hubieran amenazado.