El consejo directivo del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán decidió promover juicio político a aquellos jueces que consideren incursos en el incumplimiento de la Ley de Aranceles que regula los honorarios profesionales. Para llevar adelante esta decisión, los contadores realizarán un relevamiento de las situaciones tanto en la Justicia, como en los organismos recaudatorios y ente públicos donde los matriculados tengan radicadas sus gestiones para promover las denuncias del caso.

Estas fueron las principales conclusiones del segundo encuentro ampliado del consejo directivo de la entidad, que se reunió el martes a la noche. "Nos comprometemos a ejecutar todas las acciones concretas frente a los planteos de los asociados y mantener actualizada a la matrícula sobre los pasos que se darán", sostuvo la presidenta del Colegio, Patricia Manso.

La dirigente de los contadores explicó que se canalizará la propuesta de instrumentar un buzón de reclamos y se solicitarán audiencias al intendente de nuestra ciudad, Domingo Amaya, por los inconvenientes que se producen en los trámites para la habilitación de negocios y al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, para analizar problemas referidos a la rubricación de libros en la Secretaría de Trabajo y a la habilitación de ese trámite en la delegación Concepción del organismo laboral.

"Lo que pasa es muchas veces no se cumple con las leyes o resoluciones vigentes; y no sólo pasa con los jueces, sino con funcionarios administrativos que incumplen sus funciones y no se hacen cargo de los que problemas que generan", insistió Manso.

También hubo críticas para el criterio de la AFIP de reclamar el pago de todas las deudas para el levantamiento de un embargo, movidos por un afán recaudatorio, a la vez que se propuso un buzón de reclamos y radicar planteos ante el Poder Legislativo.

Ante los problemas en la AFIP se sugirió llevar los reclamos a sus autoridades centrales dando intervención a la Facpce, en tanto quedó planteada la inquietud de llevar sendos planteos ante el Inadi y el Ombudsman nacional por situaciones de discriminación laboral.

Si bien se puntualizó que los problemas de la profesión no se agotan en estos puntos quedó determinado que el Consejo Directivo ya dispone de elementos para tomar decisiones.