La intolerancia, la prepotencia, el silencio sueles sabotear el diálogo, la buena comunicación y atentar contra el espíritu republicano de una sociedad, mucho más cuando contribuyen a alimentar conflictos sociales que afectan a terceros. En los últimos cien días, han sucedido bloqueos que impidieron la distribución de algunos diarios de empresas periodísticas. El domingo, le tocó el turno a "La Voz del Interior" y a "Día a Día", cuyas ediciones finalmente no llegaron a manos de sus lectores.

La protesta se inició en la madrugada del domingo. Alrededor de 50 canillitas obstruyeron el portón de acceso a la sede del diario, desde donde se había alcanzado a repartir un 30% de las tiradas de los dos periódicos cordobeses. El secretario del gremio de los canillitas afirmó que se trató de una autoconvocatoria por la demora que la empresa mantiene en la entrega de los diarios, lo cual les provoca perjuicios económicos. Ante la imposibilidad de distribuir los ejemplares, la empresa efectuó una denuncia ante la Justicia provincial y la fiscal de turno instruyó a la Policía que desalojara el portón para permitir la salida de los camiones. Sin embargo, la orden se llevó a cabo a medias. Hubo empujones entre los canillitas y algunos efectivos policiales cuando estos intentaron desalojarlos. Los vendedores de diarios mantuvieron su protesta e incluso cortaron por unos minutos la avenida y levantaron el piquete cuando la empresa anunció que no iba a repartir la edición dominical.

En el editorial de "La Voz del Interior" de ayer, el diario admite que tuvo un problema técnico, "resultado no deseado de su inquebrantable vocación por mejorar su calidad". Y acota: "¿Es ese un motivo para impedir que el diario llegue a sus lectores? ¿En qué lugar de este país quedó el sentido común? Este diario acaba de celebrar 107 años y su vida incluye conflictos de toda índole. Pues bien: no hay registro de que se le haya impedido su contacto cotidiano con los lectores porque un piquete argumentó que la máquina entregaba sus ejemplares tarde". La columna editorial concluye: Sólo ayer quedaron sin poder leer su diario preferido más de 300.000 cordobeses, cálculo que resulta de multiplicar por cuatro lectores promedio cada ejemplar de los dos periódicos que no llegaron a destino. Algo demasiado grave debe estar cambiando en la Argentina como para acostumbrarnos. ¿Nos estaremos dando cuenta del escándalo?"

Mientras el gobierno cordobés repudió enérgicamente la protesta gremial, afirmando que ningún reclamo sectorial puede justificar el impedimento a la libre circulación de los diarios porque atenta contra la libertad de prensa, el Gobierno nacional se mantuvo en silencio. La semana pasada, el ministro del Interior y el secretario de Medios de Comunicación de la Nación les habían prometido a las autoridades de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas que evitarían los bloqueos a los diarios del país. Sin embargo, el ministro de Trabajo de la Nación intentó ayer atenuar la seriedad del incidente -como hizo con los bloqueos anteriores a los diarios Clarín y La Nación- negando que se tratara de un atentado a la libertad de expresión, sino de un conflicto laboral.

Creemos que este nuevo incidente no sólo es producto de la prepotencia, sino también de un ataque sostenido a los medios de prensa independientes que vienen desde 2008 y que generan un clima social de incertidumbre. El derecho a la libertad de prensa está consagrado en la Constitución Nacional, no es una concesión de los gobiernos de turno. Si ante esta agresión que se viene reiterando, el Poder Ejecutivo Nacional que tiene la obligación de hacer cumplir nuestra Carta magna y acatar las órdenes de la Justicia, mira hacia otro lado, se hace el distraído o calla, nos encontramos ante una situación de indudable gravedad.