La campaña de soja que se inició ya en algunas provincias y que mañana comenzará en Tucumán marca una nueva instancia en la delicada y turbulenta relación entre el Gobierno nacional y los productores agropecuarios. El cultivo aporta buena parte de los recursos con que cuenta el Estado para su funcionamiento, pero el vínculo entre los que generan esos fondos y quienes los gastan no es bueno, por decirlo de una manera elegante.

Desde que finalizó el conflicto Gobierno-campo en julio de 2008, con un triunfo ruralista que fue muy festejado, no consiguió el agro que sus reclamos fueran escuchados por el oficialismo gobernante. El haberle doblado el brazo al kirchnerismo en sus pretensiones de imponer retenciones móviles a la soja y sus derivados se terminó convirtiendo en el objetivo de máxima del ruralismo, porque luego no se consolidó el sector como una fuerza de fuste, ni aun en lo político, pese a que la onda expansiva del éxito de la pulseada contra las retenciones le permitió al campo imponerse en las elecciones legislativas nacionales de 2009. Ahí pareció quedarse la fuerza del campo, en poco o nada. Probablemente, los buenos precios de las producciones agropecuarias favorecieron el ostracismo de los ruralistas, y derivaron en el descrédito en el que gradualmente fue cayendo la Mesa de Enlace, la entidad que quedará en la historia porque unió -más por espanto que por amor, parafraseando a Borges- a las cuatro principales entidades del campo de la Argentina, por encima de las diferencias individuales de cada institución.

La meta central que se plantearon los denominados "agrodiputados", en conjunto con la Mesa de Enlace, era propiciar una baja sustancial en las retenciones a la soja, propósito que no prosperó bajo ninguna circunstancia. Tampoco logró el campo que hubiera cambios en la política ganadera, ni que se segmentara el cobro de retenciones para beneficiar a los pequeños productores, ni que se establecieran fletes diferenciales para las provincias alejadas de los puertos que producen soja, ni que se agilizaran los trámites para obtener los ROE (declaraciones juradas para la exportación), etcétera. Sólo consiguieron deshacerse de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) aunque la medida fue anunciada desde el Poder Ejecutivo Nacional, sin que se conozca fehacientemente qué rol le cabrá ahora a este cuestionado organismo.

En Tucumán, el ruralismo mantiene canales de diálogo abiertos con el Gobierno provincial, pero no logra que el Ejecutivo tucumano avance en los temas cruciales, como el de la compensación de fletes. El viernes, la cúpula de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) concurrió a la Casa de Gobierno para demandar obras en los caminos terciarios de la provincia, altamente deteriorados por años de desatención seria y por las intensas lluvias estivales. Queda claro que el diálogo es limitado y que no más que eso se puede plantear a nivel oficial.

En el plano nacional, los problemas se analizan caso por caso y a menudo con resultados inciertos. El ruralista y diputado nacional tucumano Juan Casañas, del Acuerdo Cívico y Social, denunció que el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, "es un gran conversador", en referencia a que el funcionario escucha cualquier problema o reclamo, pero aparentemente no le da curso posterior. De esta forma, según los hombres de campo, el Gobierno "se cubre" al aceptar el diálogo con el ruralismo, pero escatima soluciones concretas. Para colmo, se formulan anuncios como los controles de cosecha en los propios campos con soja con el fin de detectar casos de evasión fiscal, que suman trabas burocráticas y ponen de pésimo humor a los agricultores.

Lo positivo es que la cosecha de la soja se lanza con buenas expectativas de producción y de precios, de manera que la campaña promete ser buena y rentable. Lo malo es que los agricultores sienten que la incertidumbre que les genera el Gobierno nacional hará que esta termine siendo otra etapa en la que transitarán por terreno blando.