El pleito que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la Junta Electoral de la Provincia maduró durante casi cinco años. La historia no se detuvo ni adentro ni afuera de los Tribunales. Las instituciones de Tucumán siguieron funcionando -como pudieron-: el órgano de fiscalización de los comicios cuestionado por su composición mayoritariamente política tuvo su debut electoral en 2007, y el Gobierno que dijo que iba a ir por todo continuó acumulando poder hasta convertirse en la maquinaria irreductible que es hoy.

En estos cinco años el alperovichismo consiguió el sueño de la Corte Suprema con mayoría propia; y la docilidad, parálisis y falta de nervios de la oposición política obligó a las entidades intermedias a ejercer un contralor sin precedentes en la democracia.

Los abogados porfiaron por la Justicia, los arquitectos por el patrimonio edilicio histórico, los contadores por las normas tributarias, los médicos miraron la salud pública, los ingenieros civiles se fijaron en la seguridad de las construcciones... La enumeración podría seguir.

Cinco años pasaron desde que el Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) planteó sus objeciones a la última reforma constitucional. Un lapso que hizo olvidar que no sólo Alejandro Sangenis accionó judicialmente contra la Junta Electoral alperovichista. En el camino, otros accionantes (Roberto Sobre Casas, Esteban Jerez, Martín Méndez Uriburu, Liliana Signorelli de Aráoz, Victoria Bestani y Exequiel Ávila Gallo), con la misma o mayor indignación que el MP3 ante el desparpajo y la prepotencia de la Convención des-Constituyente, perdieron el entusiasmo. En paralelo a esa debilidad opositora, otras salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo permitieron que la inacción procesal y el tiempo sepultaran aquellos expedientes incómodos.

De ese último detalle se olvidó especialmente el legislador "Pachi" Raed cuando esta semana arriesgó una frase inaudita y sumamente peligrosa cuando dijo que había una "dictadura de jueces". Cinco años antes, en su calidad de convencional alperovichista, Raed había dado la siguiente explicación a la minoría que protestó contra la politización de la Junta Electoral: "y ya que estamos en ese contexto de las conclusiones pragmáticas, no puedo perder de vista en lo que refiere al hecho de que la Junta Electoral puede estar hoy integrada por dos miembros -que se supone- del Poder Ejecutivo, pueda eventualmente desnivelar la balanza; porque no podemos perder de vista que en esa Junta Electoral va a estar el presidente del magno Tribunal de la provincia, del Supremo Tribunal de la provincia y que sus decisiones son eminentemente técnicas, más allá de que se pueda pretender lo contrario. O sea que de ninguna manera se politiza la Junta Electoral, y de ninguna manera quien encabeza el máximo órgano jurisdiccional de la provincia podrá en ese sentido, ser víctima de cualquier tipo de contubernio político que pueda mancillar su prestigio".

Cinco años atrás, el miembro judicial de la Junta Electoral era Alfredo Carlos Dato -hoy diputado nacional alperokirchnerista- y no Antonio Estofán, amigo personal del gobernador y ex fiscal de Estado.

Prohibido discutir
Mientras en la Casa de Gobierno se hacían excluyentemente las obras que acarrearan votos, Beatriz Rojkés se recibía de presidenta del Justicialismo y la Legislatura se dejaba fagocitar por el gobernador, los camaristas de la Sala II recibían argumentos en favor y en contra de la pretensión de Sangenis. En ese contexto, nueve "amicus curiae" -entre ellos los influyentes Alejandro Carrió y Ricardo Monner Sans- respaldaron la posición de la parte actora. Nadie acercó una opinión favorable al oficialismo.

Con los abundantes elementos de juicio proporcionados por el MP3, el Gobierno y los amigos del Tribunal, los magistrados Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello sentenciaron la nulidad e inconstitucionalidad de la Junta Electoral con dos de tres vocalías en poder del Ejecutivo y de la cláusula que impide exigir licencia previa a los comicios al funcionario que se presenta como candidato.

El Gobierno pudo neutralizar fácilmente los efectos de un fallo adverso acogiéndose a sus considerandos y consensuando un proyecto de Junta Electoral con garantías de independencia mientras ganaba tiempo para encontrar una salida a la cuestión de las licencias proselitistas de los funcionarios. Pero el Gobierno quiso defender su -vapuleada- reforma constitucional y este martes recurrió la sentencia insistiendo en las cuestiones formales. Es decir, en que el MP3 no está legitimado para discutir en Tribunales algunas cuestiones.

De esa manera, permite que se interprete que los partidos políticos no pueden recurrir a la Justicia para debatir sobre las normas que rigen el sistema electoral. Es decir, que las reglas de juego aplicables a todos los partidos sólo se debaten en la casa del gobernador y con el entorno que ahí se elija. Si los partidos no pueden ir a un juez para decirle que la Junta Electoral con mayoría del poder político no le ofrece garantías de imparcialidad, entonces, ¿a quién?

Cinco años no han supuesto ningún progreso para una discusión cuyo fondo jamás ha sido abordado por el Gobierno. Ni en la Convención Constituyente que sesionó en secreto, ni en el proceso judicial que impulsó el MP3, ni en el recurso de casación que acaba de presentar. El alperovichismo dice que no hay caso contencioso -que los jueces se pronuncian en abstracto-, y que sus convencionales no violaron los límites de la Ley 7.469 que declaró la necesidad de la reforma, pero nada dice, por ejemplo, sobre los antecedentes que demuestran que no ha existido ningún otro órgano de fiscalización de las elecciones con mayoría del poder político en el país en los últimos 100 años.

El debate judicial ha cumplido un lustro. Algunos fantasean con una nueva reforma constitucional con mayoría alperovichista y otros con una reforma constitucional que supere los desaguisados de la experiencia de 2006.

En el corto plazo, en 25 de Mayo y San Martín, temen quedarse sin Corte afín. Si la causa MP3 llega al alto tribunal por la vía del recurso de casación -o por queja por casación denegada-, es muy posible que a la vocal Claudia Sbdar se la recuse sin causa. A lo que se suma que al vocal Daniel Posse y al presidente de la Corte, Antonio Estofán, no faltará quien los recuse con causa por haber sido funcionarios públicos a las órdenes de Alperovich.

En el palacio suelen repetir una frase de un "sijosesista": "uno los nombra, pero cuando llegan a la Justicia se creen independientes y de zapatos blancos". Parece que los sijosesistas quieren que los jueces se embarren en nombre de quien los nombró. En estas cuestiones no reina la paciencia de los cinco años sino la premura de las 21 semanas para votar y elegir el nuevo gobernador.

Aunque no lo veamos...
Este último reloj es el que mira la agrupación que conformó el radicalismo, el MP3, los socialistas, la Democracia Cristiana y peronistas disidentes. Se han puesto como objetivo ponerle un freno a la hegemonía alperovichista. No le temen a otros rivales como los republicanos sino a la billetera oficialista. En la reunión donde se selló el acuerdo, el titular de la Cruzada Peronista, Enrique Romero, fue impiadoso con el senador José Cano. Le advirtió que tiene que tener cuidado con la intromisión del "sijosesismo" en las listas radicales. Fue más específico y precisó que la lista más cercana a Cano en la Capital lleva a Silvia Pérez en primer término, pero el segundo se lo adjudican el emperador de la UNT, Luis Sacca y el anterior pulpo de la UNT, José Saab. "El objetivo es debilitar a Alperovich", le recordó Romero.

Internas a las brasas
En el oficialismo, en cambio, se preocupan por poner la carne en el asador. Ayer, como el sábado pasado, la calle Martín Fierro de Yerba Buena estuvo atestada de autos. El olor a asado convocó a los dueños de los vehículos. Los ministros Pablo Yedlin y Jorge Jiménez se mezclaron con el juvenil Dante Loza, los desubicados Gerónimo Vargas Aignasse y Domingo Amaya, los testimoniales Osvaldo Jaldo y Sergio Mansilla, el legislador Oscar Godoy, la familia Juri y la familia Heredia, y el ex intendente Aldo Salomón, entre otros. La camaradería duró hasta las 15.15: ni un minuto antes, ni un minuto después. A esa hora el gobernador anunció que tenía sueño y se fue a dormir. Inmediatamente, todos se fueron a sus casas con el queso y el dulce de higos ya en sus estómagos.
Alperovich se esfuerza por unirlos pero en la comida más de uno no tenía ningún interés de saludar a otros. Es que en sus territorios se pelean a muerte y las tensiones son cada vez peores. Alperovich está corriendo riesgos con la forma de conducción elegida para armar las listas en estas elecciones. A muchos no les hace gracia que los Gassenbauer jueguen con ventaja.
Los pleitos maduran con prisa y con causa en el reino de José.