El grabador registra los matices de la voz gruesa del abogado Beinusz Szmukler, un porteño que nació hace 79 años en Polonia (hoy Bielorrusia) y que ayer aterrizó en la provincia para disertar en el Colegio de Abogados de la Capital. El diálogo comienza con una pregunta exclamativa que el titular del Observatorio de la Justicia Argentina se formula a sí mismo: "¿una Convención Constituyente secreta? ¡No! Hay casos de constituciones dictadas por totalitarismos que fueron secretas pero una Convención que sesione de espaldas a la sociedad es la negación del sistema democrático. El pueblo tiene derecho a saber lo que sus representantes opinan y deciden, incluso para constatar si estos cumplieron con el programa electoral".
Szmukler no puede disimular la sorpresa que le ha causado enterarse, a poco de llegar, que la Junta Electoral de la Provincia (JEP) con mayoría del poder político -declarada nula e inconstitucional por una sentencia del mes pasado- fue diseñada por convencionales oficialistas que deliberaron a puertas cerradas. También le cuesta creer que el órgano de fiscalización de los comicios haya sido incorporado a la Constitución de Tucumán sin una discusión previa durante la campaña electoral.
"Nadie puede traer a la Convención un proyecto que antes no fue planteado a la ciudadanía. Es inaceptable porque el ciudadano que vota a un convencional para que reforme la Carta Magna debe saber perfectamente qué ideas defenderá. Meter un tema por la ventana es violar el principio de soberanía popular con el agravante de que este se trató en una Convención Constituyente cerrada al público. Es absolutamente inconstitucional", formula Szmukler, que en 2008 celebró el fallo de la Justicia local que, a instancias del foro, desbarató otros institutos de la Constitución reformada en 2006 (entre ellos, la potestad del Poder Ejecutivo para organizar discrecionalmente el Consejo Asesor de la Magistratura).
El histórico dirigente de la abogacía argentina reprueba la integración de la JEP con mayoría oficialista y recuerda que, sin garantías de independencia, no es posible decidir con imparcialidad sobre la legalidad o validez de un acto electoral. "La Junta no puede estar subordinada a un partido político. Es como poner de árbitro a algunos de los participantes", reflexiona el ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Ayer, hoy y siempre
Sin corbata y relajado, Szmukler parece contento de estar otra vez en Tucumán -vino invitado por el Foro de Diálogos para la Democracia-, pese a que le aguarda una tarea complicada: analizar la tensa relación entre Justicia y poder político. El letrado se apura en precisar que, además, los jueces reciben presiones del sector económico, de los medios de comunicación y de la Iglesia. Y, como si ello no fuese poco, añade: "también hay que analizar la independencia interna, es decir, cómo los magistrados superiores bajan línea a los inferiores".
La obligación de los Tribunales, según su opinión, es defender el sistema previsto en la Constitución Nacional sin considerar si las resoluciones judiciales benefician o perjudican a los intereses del Gobierno y de las corporaciones. "Debemos desarrollar un mayor nivel de acatamiento de las reglas de juego", postula Szmukler que, con el transcurso de los años, ha llegado al convencimiento de que siempre y en todo lugar el poder quiso tener una Justicia afín.