Durante los últimos días, el hermetismo parece ser la norma en las dependencias de la Caja Popular de Ahorros. El silencio se enmarca en el escándalo por la causa en la que se investiga un faltante de fondos (entre $ 400.000 y $ 500.000) en la sucursal de Famaillá. Por la denuncia ya fueron detenidos un ex cajero y un ex empleado administrativo de esa entidad crediticia del sur de la provincia.
Fuentes de la CPA precisaron a LA GACETA que se están intensificando todas las medidas necesarias para profundizar las tareas de auditorías administrativas en todas las áreas de la institución.
Puntualizaron que se efectuarán cambios preventivos en los niveles gerenciales de las oficinas del interior. Específicamente, habrá rotación de personal.
En tanto, se espera que en las próximas horas declaren los detenidos de la causa que instruye el fiscal de la II Nominación del Centro Judicial de Monteros, Jorge Carrasco. La orden de arresto había sido librada a principios de la semana por el juez Mario Reinaldo Velázquez (Juzgado de Instrucción de esa ciudad del sur). El supuesto desfalco fue detectado tras una auditoría interna y fue denunciado por el interventor de la Caja Popular, Francisco Sassi Colombres.