- Polémica.- Rodolfo Burgos, referente del Movimiento Popular Tres Banderas (MP3), ha celebrado que el Poder Ejecutivo -por medio del secretario de Gobierno, Marcelo Caponio- haya emitido una opinión (publicada en la edición del viernes) sobre el fallo de la Sala II que volteó dos institutos de la reforma constitucional. "Las críticas expuestas son más bien pobres y erradas... Es falso que la Convención sí estaba habilitada para tratar el tema de la Junta Electoral de la Provincia (JEP). Una simple lectura de la versión taquigráfica de la sesión en la que se sancionó la norma que declaró la necesidad de la reforma (Ley 7.469) así lo demuestra: nunca se mencionó a la JEP", ha apuntado Burgos. El abogado también ha mencionado que la JEP fue declarada inconstitucional por contravenir derechos de máxima jerarquía como los derivados de los tratados internacionales: "la supremacía del derecho de los tratados sobre el derecho público provincial fue consagrado por el propio oficialismo en el nuevo artículo 122 de la Constitución, que obliga a los jueces a efectuar el control de constitucionalidad en todos sus fallos".

- Otro reproche oficialista.- El secretario de Gobierno, Marcelo Caponio, ha aseverado que la decisión sobre la composición de la JEP es una cuestión no judiciable y, por ende, está exenta del control de constitucionalidad de los magistrados. "La oportunidad, el mérito y la conveniencia de la composición actual del órgano de control de los comicios no es pasible de revisión judicial. Dicho criterio debe extenderse a la intención legislativa que tiene la Cámara cuando, a propósito de la declaración de inconstitucionalidad, intenta imponer directivas sobre cómo habría de integrarse la Junta para ser 'constitucional' creando una manda, que, obviamente, excede su competencia", ha apostillado el funcionario alperovichista. Caponio ha dicho que la Sala II cometió el mismo error al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Jurado de Enjuiciamiento. "En esa oportunidad, la Corte Suprema le marcó la improcedencia... Creo que en este fallo están mezcladas cuestiones políticas más que jurídicas. Llama la atención que siendo esta acción contemporánea a la del Colegio de Abogados, o sea que se inició en el año 2.006, haya sido resuelta a pocos meses de las elecciones", ha precisado el letrado.

- Cuestión ética.- Héctor Monayer, presidente del partido Unión por Todos, ha tachado de "barbaridad" las declaraciones de los funcionarios Silvia Rojkés de Temkin, Beatriz Mirkin, Ramiro González Navarro y Osvaldo Jaldo -publicadas en la edición del sábado- sobre la prohibición (declarada inconstitucional) de exigir a los funcionarios que pidan licencia previa a los comicios por el hecho de ser candidatos. "La licencia del que administra fondos públicos, cuando se presenta como candidato es, sobre todo, una cuestión ética que hace a la moral individual", ha afirmado Monayer. El dirigente ha dirigido sus críticas contra Rojkés, a quien acusó de ser incoherente con su discurso político: "dice que milita, habla de la memoria y de los derechos humanos... Una Ministra de Educación no puede mandar tan mala señal a la población enunciando que la honradez y la ética no son una cuestión fundamental".

- Pertinencia.- "El fallo de Novillo y de Giovanniello reafirma el acierto y pertinencia de la acción que hemos interpuesto en contra de la re-reelección, cuyos argumentos también se basan en el desborde en el que incurrieron los convencionales constituyentes respecto del mandato establecido en la Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma", han declarado Federico Romano Norri y Rodolfo Aranda, presidente y secretario de la Unión Cívica Radical.