La respuesta favorable de la Justicia al planteo del Movimiento Popular Tres Banderas -causa "MP3"- ha movilizado a la Multisectorial Cívica opositora, que reúne a organizaciones políticas y sociales de la provincia. Ayer, dirigentes de esa agrupación instaron a la Legislatura a sancionar una nueva norma que organice la Junta Electoral de la Provincia (JEP) de acuerdo con los estándares jurídicos locales, nacionales e internacionales mencionados en el reciente fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La Multisectorial Cívica calificó de inobjetable la decisión judicial de declarar nula e inconstitucional la composición, con mayoría oficialista, del órgano de fiscalización de los comicios. Su actual integración fue prevista en la reforma constitucional de 2006. "Sin un tribunal imparcial, no podemos hablar de elecciones genuinas. Además de decir que recurrirá la sentencia, queremos que al Gobierno de José Alperovich se le caiga una idea, que explique qué aspectos cuestionará de este fallo o con cuáles de sus argumentos está en desacuerdo. El alperovichismo sólo apela con el propósito de conseguir más tiempo", reflexionó el letrado Rodolfo Burgos, referente del MP3 y apoderado de la multisectorial.
El dirigente radical Ariel García consideró que el recurso de casación -el plazo de presentación del escrito vence el próximo martes- colocará al proceso electoral en riesgo de fraude. "Estamos hablando de la composición de la JEP, del órgano que debe dar transparencia a las elecciones. Esta institución no puede estar a favor de nadie porque sólo así garantiza la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía", apuntó.
En un sentido similar se pronunció Enrique Romero, de Cruzada Peronista. Según su opinión, no hay nada que reprochar al fallo, ni ninguna razón para demandar su revisión en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). "Hay que respaldar a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que viene demostrando independencia", agregó el peronista disidente, en alusión al primer fallo que aquel tribunal emitió contra la reforma constitucional de 2006 (a instancias del Colegio de Abogados de la Capital).
Más propósitos
La decisión de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello animó a la plataforma multisectorial a exigir al presidente de la CSJT, Antonio Estofán, que se abstenga de integrar el órgano de fiscalización de los comicios. "El fallo pone blanco sobre negro: esta JEP es parcial, con el agravante de que el titular del alto tribunal -el único de los tres vocales de la Junta que no pertenece al Poder Ejecutivo- fue designado por este Gobierno. Recurro a la ética para decir que Estofán se debería excusar porque fue fiscal de Estado de Alperovich y partícipe necesario de muchas de las estrategias del oficialismo para mantenerse en el poder", expresó José Cano, senador nacional y candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical (UCR).
La moción de Cano obtuvo el respaldo inmediato de los demás dirigentes presentes en la reunión: el ala radical (los legisladores Federico Romano Norri y Jorge Mendía; el ex convencional Juan Robles y la abogada Lía López); Carlos Petersen (MP3); Francisco Toledo (Jubilados de la Plaza); Alberto Paz Posse (sector empresario); Navor Rodríguez (Partido Federal); Oscar Gramajo (Partido Socialista) y Miguel Varela (Trabajadores Autoconvocados de la Salud).
Este nucleamiento, que también está compuesto por los partidos Unión por Todos y Democracia Cristiana, resolvió asimismo accionar judicialmente para que los intendentes y concejales observen los artículos 15 y 38 de la Ley 5.529 -pauta la reelección por un solo período- (ver "Mendía..."). En último lugar, la mesa se propuso movilizar los planteos que cuestionan la cláusula de la Constitución que habilita al jefe de Estado provincial a buscar un tercer mandato consecutivo.