Las autoridades temen que los casos de ocupación irregular de viviendas sociales se multipliquen. Ayer, el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, confirmó que a esa repartición llegaron nuevas denuncias de vecinos que dicen haber sido estafados.

Tal como adelantó en su edición de ayer LA GACETA, el organismo planteó ante la Justicia que una presunta organización estaría "vendiendo" casas desocupadas (pero ya adjudicadas) en el barrio Lomas de Tafí. Hasta el momento, las autoridades detectaron dos casos irregulares en el megaemprendimiento habitacional.

Sin embargo, el propio Durán confirmó que, tras la publicación de este diario, se reportaron nuevos casos, aunque en otros proyectos habitacionales. Puntualmente, el funcionario afirmó que una joven se acercó a las oficinas de Muñeca al 400 para constatar su situación. La presunta damnificada relató que le ofrecieron comprar una casa en un complejo de 210 unidades a inaugurarse en la localidad de San Andrés.

"Paradójicamente, nosotros aún tenemos en los paneles pegados en los vidrios del organismo los nombres de las personas que, próximamente, irán a sorteo. La persona que se la ofreció estaba anotada en ese registro pero como postulante; es decir, ofreció una posesión que aún no tiene. Ahora que salió a la luz este hecho, seguramente pararán un poco, o bien se conocerán más casos", advirtió el titular del Ipvdu.

Advertencia

Ayer, el propio gobernador, José Alperovich, salió a reclamar a la ciudadanía que no se deje engañar por quienes les ofrecen adquirir casas sociales por fuera de los organismos autorizados.

"Hay que meter presos a los que están jugando con las necesidades de la gente. No hay que crear falsas expectativas", alertó el titular del Poder Ejecutivo.

El gobernador fue tajante en su advertencia. "No se puede molestar a la gente, crear falsas expectativas, adulterar documentos y adjudicarles casas que no existen", remató ante una consulta de la prensa durante la mañana, mientras recorría obras de pavimentación en la capital junto al intendente, Domingo Amaya. Finalmente, Alperovich añadió que dio instrucciones a sus funcionarios para que todos los antecedentes sean girados a la Justicia.

Las presuntas irregularidades se hicieron públicas cuando el titular del Instituto de Vivienda instó a los adjudicatarios de viviendas en Lomas de Tafí a que ocupen las unidades. "Los adjudicatarios que no pudieron mudarse a sus casas por razones de fuerza mayor dieron el alerta. Cuando fueron a ver sus casas, estaban ocupadas por otras personas. Al ser consultados, los ocupantes exhibieron actas de tenencia precaria con una firma a mi nombre, que es falsa", había manifestado Durán a LA GACETA.

El propio funcionario estimó que, de las 1.100 casas que llevan entregadas en ese emprendimiento en Los Pocitos (Tafí Viejo), unas 150 unidades aún no están habitadas. "Si bien hay un plazo para ocuparlas, hay casos especiales; somos flexibles. Estamos trabajando sobre este problema pero queremos prevenir este tipo de situaciones porque los trámites para recuperar las casas no son tan rápidos", justificó.

El antecedente

Un antecedente polémico en el Instituto de Vivienda tuvo lugar en los primeros días de 2008, cuando tras un relevamiento se detectó que al menos una de cada 20 familias que fue beneficiada con el otorgamiento de una casa del Estado, había vendido la unidad.

El dato fue obtenido por el propio Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), a partir de un plan de regularización de titularidad que se lanzó. En aquella oportunidad, Durán denunció que se había montado un verdadero negocio con la venta de casas que adjudicaba el Ipvdu: el 5% de las 35.000 viviendas entregadas había sido transferida sin notificación al Estado. A partir de ese momento, el organismo dispuso un protocolo y elevó los requisitos que debían cumplir quienes adquieran una casa del Estado.