No tienen voz; tampoco estabilidad. Para ellos, el futuro es tan sombrío como las estadísticas oficiales. Saben que hoy tienen que ir a trabajar; mañana, tal vez; pasado, quién sabe por dónde andarán. Los trabajadores no registrados constituyen la cara oculta del mercado laboral tucumano. Y son muchos. Para ser más precisos 102.000 personas que residen sólo en el Gran San Miguel de Tucumán.
Es el mismo lugar donde se concentra el 80% de la ocupación laboral de la provincia.
Es la zona urbana donde 15.000 habitantes tuvieron la suerte de ingresar a una cooperativa y dejar -transitoriamente- el desempleo mientras el Gobierno tenga el oxígeno financiero suficiente para sostener el Plan "Argentina Trabaja".
Es el mismo aglomerado en el que donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), residen 813.000 personas y donde se constituyeron 226.000 hogares.
Es el aglomerado en el que conviven las 326.000 personas que le contestaron al Indec que tienen una ocupación y también los 19.000 desocupados tucumanos.
Es el distrito donde el desempleo le ha dado un respiro a los jóvenes de hasta 29 años, y en el que las mujeres (15,1%) padecen más la desocupación que los hombres 10,7%) de esa franja etaria.
Es la jurisdicción que registra 27.000 personas subocupadas, que trabajan menos de 35 horas a la semana y que están dispuestos a ocupar más horas si tuvieran esa oportunidad para ganar más de los $ 1.271 mensuales que el organismo estadístico calculó como límite para no ser considerado pobre en la Argentina.
El empleo no registrado asoma como un problema estructural al que el Gobierno provincial no le ha podido encontrar la vuelta. La Dirección General de Rentas reforzó, en los últimos años, sus políticas de fiscalización. Los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) son más benignos con Tucumán que el propio Indec. Sólo por mencionar un caso, Tucumán figura entre las primeras -si no está al tope- jurisdicciones que avanzó en el blanqueo del personal doméstico. Sin embargo, esa ocupación no es gravitante en el conjunto de la fuerza laboral tucumana.
Quién es quien
El Estado fue, es y será el primer empleador de la provincia. No menos de 80.000 personas vive al amparo de un salario estatal. En Tucumán hay casi 50 estatales por cada 1.000 habitantes, casi la misma proporción que en Santiago del Estero o Misiones, más que Salta (registra 45), pero mucho menos que en Tierra del Fuego (unos 120 estatales por cada millar de habitantes).
Este registro no toma en cuenta la cantidad de personas que gozan de un subsidio y que están propensar a naufragar por las aguas de la informalidad laboral si un día el Estado decide acabar con los subsidios.
Históricamente, las tasas de mayor informalidad laboral, según las estadísticas públicas, se evidenciaron en el sector privado, particularmente en la construcción y en el comercio que, a la postre, constituyen los motores de la generación de empleo. Párrafo aparte constituye el trabajo rural que, en los últimos meses, cayó bajo la lupa oficial, ante casos de presunto trabajo esclavo. Decenas de tucumanos deben alejarse durante el verano (interzafra) porque no tienen oportunidades de emplearse en un territorio que aún no puede cambiar su matriz laboral, de agroindustria.
El empleo en el sector privado tucumano muestra cierta conducta hacia la desaceleración. Actualmente, la fuerza laboral provincial registrada asciende a 160.000 personas. Es la sexta dotación más grande de la Argentina, sólo superada por la Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sin embargo, debido a las características de sus empleos, los tucumanos siguen ostentando el segundo salario más bajo del país.
Los $ 2.366 mensuales promedio que cobran los tucumanos sólo son superados por los $ 2.285 por mes que percibe un santiagueño.
Frente a la realidad del mercado laboral, surgen varios interrogantes. Por un lado, si el sector privado no ha perdido esa vieja práctica de abaratar costos con la informalidad laboral o si, acaso, es el propio Estado el que no recrea las condiciones para que el costo laboral no sea tan elevado, vía carga impositiva. Sucede que cada vez que uno escucha a algún empresario, este aduce que -en el esquema tributario provincial- no debería existir Salud Pública, una carga que impacta directamente en el salario. También cabe preguntarse por qué las fiscalizaciones no son tan efectivas para el Indec, como lo son para los organismos recaudadores.
Y, finalmente, si es la hora de que el Gobierno provincial recree las condiciones para la instalación de nuevas industrias que tiendan a diversificar las actividades y no ser tan dependientes de la agroindustria. Y esto, necesariamente, sólo puede encontrar respuestas en una mesa de diálogo entre empresarios y gobernantes, con el fin de que se haga la luz en políticas conjuntas que tiendan a combatir la oscura informalidad laboral que empobrece a la sociedad.