Uno de los desafíos de los gobiernos y de la comunidad es lograr ciudades que faciliten el desplazamiento de las personas no videntes y con dificultades motoras. En nuestra Capital y en Yerba Buena, Concepción, Banda del Río Salí y Monteros, entre otras urbes, existen muchas deficiencias que deben ser corregidas. Los problemas son variados: veredas rotas o con desniveles; rampas de acceso a los edificios públicos o privados (si es que existen) con defectos de construcción; vados de las esquinas mal ubicados o con pendientes inadecuadas, y columnas de alumbrado público, señales y papeleros colocados en medio de las veredas. También, sillas de bares, carteles y pizarrones que ocupan gran parte de las veredas y motos estacionadas sobre estos espacios. Los no videntes sufren, además, por los toldos y las ramas de árboles demasiado bajas; por los ascensores que no son sonoros, y por los cajeros automáticos no parlantes. Tampoco hay sanitarios para discapacitados en la mayoría de los baños públicos, ni las guarderías para vehículos cuentan con lugares reservados para sillas de ruedas.

Hay una ley nacional, la 24.314, que tiene tres artículos referidos a la accesibilidad que debe brindarse a estas personas. El número 20 pone el acento en las barreras urbanísticas, o sea los obstáculos que presenta una ciudad en caminerías peatonales, circulaciones vehiculares y mobiliario urbano e infraestructura (señalización, iluminación). El 21 se refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas, que son los obstáculos que presentan los edificios para la accesibilidad, el uso y el desplazamiento de quienes tienen capacidades especiales. A su vez, el artículo 22 trata sobre la eliminación de barreras en el transporte. Son los inconvenientes que presentan los transportes privados (autos y taxis); públicos (de corta, media y larga distancia); los aéreos, ferroviarios y marítimos, y los que incluyen a un perro guía o elementos de apoyo para desplazamiento (sillas de rueda, muletas, bastones, etcétera).

Dos especialistas, las arquitectas Graciela Rotella y Josefina Ocampo, señalaron que generalmente se piensa que la calidad de vida de los discapacitados "es solamente una responsabilidad del Estado, pero en realidad se requiere también del esfuerzo y la sensibilidad de todos y cada uno de nosotros". Sobre las obras, dijeron que en la mayoría de los casos no cumplen la finalidad propuesta: "se desperdician así recursos públicos, a causa de errores de procedimiento técnico y ejecución". Las expertas sostuvieron que es fundamental la participación de las personas con discapacidad a la hora de planificar o diseñar espacios, ya que nadie más que ellas saben cuáles son las mayores necesidades en este sentido. E instaron a los vecinos a ayudar con un cambio de actitud, sobre todo en el mantenimiento de las veredas y en el control del follaje de los árboles.

En la edición de ayer de nuestro diario, el abogado Carlos Fiori, especialista en derechos de las personas con discapacidad motriz, sostuvo que nuestra Capital parece diseñada para jóvenes atletas de 30 años, una frase que resumió el reclamo de obras que permitan a estas personas tener una existencia menos traumática. Advirtió también que son muchas las veces en que se debe acudir a la Justicia para que las obras sociales cumplan con los servicios que establece la ley en vigencia.

En la Capital y en Yerba Buena, principalmente, se realizaron en los últimos tiempos obras para mejorar el tránsito de los discapacitados y habría una disposición del Estado a encarar más emprendimientos. Es de esperar que así sea, ya que la tarea que queda por hacer es importante. En la sensibilidad de las autoridades y de la comunidad toda se debería encontrar una respuesta a las necesidades de los discapacitados.