Hace 11 años fue absuelto y, ahora, el Estado deberá indemnizarlo con $ 800.000. El ex gobernador José Domato (PJ) ganó un juicio al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá resarcirlo por el daño moral causado por la prisión preventiva dictada en su contra y que rigió durante nueve años.

Todo comenzó el 15 de enero de 1991, cuando el ex presidente Carlos Menem decretó la intervención de Tucumán y designó en el cargo a Julio César Aráoz. Días después, el 24 de enero, a la interrupción de su mandato como gobernador (finalizaba el 10 de diciembre de ese año), se sumó una demanda en su contra por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un crédito por U$S 1,5 millón a los entonces propietarios del ingenio Leales.

En 1990, cuando Domato aún estaba al frente del PE, la Provincia salió como garante de un préstamo a la ex Compañía Azucarera del Norte (CAN), que se encontraba concursada. Como la firma era deudora del entonces Banco de la Provincia de Tucumán, se trianguló el crédito a través de la Caja Popular de Ahorros. Mediante decreto de la Intervención Federal, Domato y miembros de su gabinete fueron arrestados por presunta malversación de caudales públicos. Finalmente, el 27 de marzo de 2000, la sala VI de la Cámara Penal declaró al ex gobernador inocente del cargo que se le imputó. Idéntica decisión adoptó con los otros dos imputados, los ex industriales azucareros Jorge y Máximo de Prat Gay.

Con el sustento de ese fallo, Domato inició en 2001 una demanda por daños y perjuicios contra el Estado nacional.

El abogado Mario Orlando Eberlé -que patrocinó a Domato- recordó que a lo largo de nueve años, su defendido se encontró procesado y bajo prisión preventiva, medida que nunca fue levantada. Según Eberlé, el prestigio ganado por Domato durante 50 años de vida profesional y pública "irreprochable" fue destruido irremediablemente. Además, reclamó en concepto de lucro cesante una reparación porque, durante los años en los que estuvo detenido, Domato se vio imposibilitado de ejercer su profesión (es ingeniero agrónomo).

No obstante, el juez federal Mario Racedo hizo lugar parcialmente al reclamo de Domato. Primero, desestimó la indemnización por lucro cesante, ya que no está acreditado que el ex gobernador haya ejercido su profesión con anterioridad a la fecha de detención. Incluso, el magistrado advirtió que en ningún momento de la causa se probó que Domato haya pagado la matrícula profesional.

En cambio, el juez federal sí concluyó que correspondía una indemnización por daño moral en favor del ex mandatario. "Si bien la detención no se cumplió en una cárcel, la humillación subsistió, y el daño proveniente de esa detención afectó el derecho personalísimo a la libertad, los derechos al honor, a la vida familiar y a disfrutar plenamente del derecho de hacer lo que se tenga ganas. Es más, en el proceso penal aludido no se probó la existencia del delito que dio origen a la causa", sentenció.