Una ilustrativa nota dedicamos en la edición de ayer, a la situación planteada en Crisóstomo Alvarez al 2.800. Allí, un gran montículo de basura obliga a los automovilistas a detenerse, de noche, ya que no han podido divisar el obstáculo desde cierta distancia. Y entonces, los delincuentes aprovechan para lanzarse sobre el vehículo, abrir sus puertas y arrebatar lo que puedan: carteras, billeteras, teléfonos celulares. Luego, se dan a la fuga rumbo a "Villa Piolín", nombre que designa a un asentamiento de las cercanías.

En lo atinente a la barricada de desperdicios, existe abundante material para que los malvivientes la erijan, dada la cantidad de basura que se amontona en esa zona. Hay vecinos que denuncian la ausencia de recolección de la Municipalidad: afirman que cuando viene un camión, se limita a despejar la calzada y a mover los desperdicios hasta las veredas.

Desperdicios que, como es lógico, las frecuentes lluvias lanzan luego sobre las fachadas de las viviendas, con las consecuencias antihigiénicas que son de suponer. Según la Policía, para aumentar la cantidad de desechos, cooperan poderosamente los carros tirados por caballos que allí también arrojan su carga.

El caso muestra la carencia de una acción organizada e inteligente del Estado, en varios aspectos. En primer lugar, está la cuestión de seguridad. Si estos atracos son tan frecuentes como se dice, es evidente que resulta necesaria una presencia más acentuada de la Policía en la zona, y un metódico patrullaje de sus efectivos.

No puede admitirse, como lo hemos dicho muchas veces, que existan áreas al margen de una vigilancia que, se supone, tendría que extenderse a todos los barrios de la ciudad. La anécdota de que el techo de un balcón apareció colmado de carteras robadas, indica una impunidad que urge cancelar de inmediato.

En segundo término, no puede tolerarse la presencia de un vaciadero de basura, que es permanentemente alimentado y que por consiguiente crece. Brilla allí por su ausencia un trabajo municipal que retire a diario los desechos, dejando franco el paso de la calle y limpias las veredas.

Se supone que el servicio de recolección de residuos de San Miguel de Tucumán debe extenderse a todos los ámbitos que encierra el ejido municipal. Y "recolección" significa que la basura debe ser levantada y cargada en los camiones para llevarla a los vaciaderos que correspondan, y no simplemente desplazada sobre la vereda.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que si bien en "Villa Piolín" residen personas dedicadas a desvalijar a automovilistas y transeúntes desprevenidos (que también operan en Mate de Luna y Pueyrredón, y que deben ser individualizados y detenidos) es indiscutible que, en dicho asentamiento, también habitan personas que viven de su trabajo, como cualquier otro vecino.

La acción del Estado debiera manifestarse en la inclusión de ese vecindario en nuestro sistema social, en lugar de que sea mirado en bloque como peligroso.

Es sabido que son muchas las tareas que pueden desarrollarse en los asentamientos con un propósito inclusivo; además, el Gobierno debiera tener en cuenta esa realidad de habitáculos precarios, en sus programas de vivienda. Una ciudad razonablemente organizada ha de tomar muy en cuenta este aspecto, que al parecer en el caso "Villa Piolín" no ha empezado a considerarse.

Pensamos, en suma, que la adecuada acción municipal en la recolección de residuos, la tarea policial de vigilancia y patrullaje, y la labor de los organismos de trabajo social del Estado, debieran actuar en conjunto. Así se podría modificar cuadros como el expuesto en nuestra nota.