Alrededor de un centenar de pasajeros quedaron varados por segunda vez, el martes último, en el aeropuerto Benjamín Matienzo. El vuelo de Austral que partía a Buenos Aires a las 20.30 fue cancelado, y se les explicó extraoficialmente que la medida se debía a la falta de tripulación de cabina, a la hora en el aparato debía salir de la Capital.

Como lo registró nuestra crónica, la imprevista cancelación suscitó serios inconvenientes a los pasajeros que aguardaban ese servicio. Personas que tenían pasajes para vuelos internacionales y que perdían la respectiva combinación; o que veían seriamente afectadas sus vacaciones, son un par de ejemplos de situaciones de claro perjuicio allí producidas. Afectaron a un público que, en primera y última instancia, había pagado los nada baratos pasajes, y por lo tanto tenían derecho a que la prestación de la empresa se le brindase sin esta clase de interrupciones.

Aunque el conflicto con el personal parece haberse solucionado, esto no significa la desaparición inmediata de problemas para los viajeros. La reprogramación y las derivaciones de los servicios hacia otras compañías, siguen creando incertidumbre acerca de las combinaciones que se habían proyectado. Es evidente que las autoridades de la empresa de bandera -en la que participa el Estado- debieran tomar medidas para prevenir los casos de conflictos gremiales, respecto de cuyas consecuencias graves en la comunidad ya existe suficiente y aleccionadora experiencia.

Tratándose de algo de tanta significación como los servicios aéreos, pensamos que el Estado tendría que aplicar mayor celo en el manejo de los entredichos con su personal. Aquellos nunca son totalmente sorpresivos, sino que derivan de estados crecientes de malestar que debieron haber sido percibidos y contenidos por esas autoridades, antes de que se tradujeran en medidas directas. Una adecuada conducción tiene que anticipar esta índole de problemas, y esmerarse por llegar a acuerdos respecto de las reclamaciones. Es un arte elemental, que parece brillar por su ausencia.

Sería sobreabundante destacar la enorme importancia que, en la actividad de todos los sectores de la población, tiene el transporte aéreo. Hay mil y una situaciones delicadas en materia familiar, económica y social en general, que están vinculadas a que un vuelo salga o llegue a la hora que consta en el pasaje que adquirió el interesado. Se puede entender cuando las condiciones climáticas son las que desencadenan estos inconvenientes. Incluso las aerolíneas prevén, en general, respuestas o resarcimientos para sus pasajeros en muchos casos. Pero el hecho de que esas condiciones pactadas no se cumplan desencadena una cantidad de eventualidades que, además de dañosas en lo que hace a compromisos e inconvenientes económicos de variada índole, resultan francamente indignantes para quienes deben soportarlas.

Así, es responsabilidad del Estado asegurar que el transporte público aéreo se sostenga y no esté sometido a súbitas interrupciones y aplazamientos. En la actualidad, se ha convertido en algo desgraciadamente frecuente que los aviones no observen sus horarios, y que los viajeros se vean forzados a interminables esperas en los aeropuertos.

Y como si todo esto fuera poco, hay que añadir el hecho de la ausencia de una información oficial, emitida con la anticipación y la precisión debidas, respecto de la cancelación o las demoras de vuelos. Si tal información se produjera a tiempo, se evitaría que, a la sensación de perjuicio que experimenta quien aguarda, se le sume una total incertidumbre sobre lo que ocurrirá, finalmente, con ese viaje que tenía previsto encarar. En síntesis, urge practicar profundos cambios en la modalidad que actualmente se aplica, para organizar el movimiento de los transportes por avión.