Adina Nóbile de Villamil volvió a tropezar en su empeño de casi 35 años: conseguir que el Estado reconozca el derecho de propiedad de su madre, Argentina Magdalena Bertelli, sobre el predio que ocupa la Municipalidad de Graneros, y obtener una reparación por la supuesta usurpación del fundo en 1976, durante el Gobierno (de facto) de Antonio Domingo Bussi.

Se trata de una resolución del 12 de noviembre de 2010, donde el juez federal Nº1, Daniel Bejas, decidió rechazar la medida cautelar que solicitó Nóbile de Villamil, de 86 años, que pretendía la restitución del inmueble fundándose en la verosimilitud del derecho invocado y en su avanzada edad.

El magistrado se manifestó partidario de una aplicación restrictiva de las medidas cautelares y recordó que sólo cabe decretarlas cuando la parte que las requiere haya probado además del daño inminente e irreparable, la verosimilitud del derecho y la violación de la ley. "La petición de Nóbile de Villamil, avalada por el Ministerio Público Fiscal, adquiriría el carácter de innovativa, en tanto requeriría el desalojo de la Municipalidad de Graneros, institución pública y oficial que ocupa el inmueble cuestionado, implicando en tal sentido un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la resolución de la cuestión de fondo debatida en la causa", argumentó el magistrado.

Según Bejas, el objeto de la cautelar solicitada coincide con el perseguido mediante la denuncia de usurpación. El juez agregó: "no se configura en el caso el peligro de la demora atento al tiempo transcurrido entre la producción del presunto hecho lesivo y la articulación de la denuncia penal".

La decisión de la Justicia decepcionó a la defensa de Nóbile de Villamil que, de acuerdo con la resolución, acreditó las pruebas del derecho de propiedad y las numerosas gestiones administrativas practicadas entre la desposesión y el reclamo judicial: escritura a nombre de Bertelli de Nóbile; dictamen del ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia Bernardo Lobo Bugeau, (califica el hecho como "un crimen patrimonial de naturaleza imprescriptible"); dictamen de la Fiscalía de Estado declarándose incompetente para resolver el asunto; informes del Registro Inmobiliario y de la Legislatura (admite que no existe ley de expropiación ni proyectos en estudio sobre el inmueble), y otros.

Entre esos documentos agregados al expediente consta también la declaración del intendente de Graneros, Roque Héctor Graneros, que en setiembre de 2009 reconoció que no había antecedentes administrativos que probasen que el Estado había adquirido el dominio del inmueble. La Dirección General de Rentas confirmó que Bertelli pagó los impuestos de la propiedad desde la fecha de creación de la base de datos (1994) hasta la de la emisión del resumen (2009).

Todos esos medios de prueba procuran respaldar el relato de Nóbile de Villamil, que afirma que el terreno -valuado fiscalmente en $272.529,82- estaba desocupado cuando el Gobierno de Bussi decidió edificar allí la sede del municipio de Graneros (inaugurado en 1978). La denunciante asegura que la supuesta usurpación tuvo lugar mediante intimidaciones y abuso inaudito de autoridad, y que su madre fue amenazada cuando planteó su disidencia a las autoridades de facto. Restituida la democracia, la familia Nóbile reanudó los trámites personales sin éxito; en la década de 1990, con la sanción de las leyes de Obediencia debida y Punto final, creyó que se extinguían sus expectativas.

Los herederos de Bertelli recuperaron las esperanzas con la nulidad de esas normas y la reactivación de las investigaciones por violación de derechos humanos en la última dictadura militar. Nóbile de Villamil logró un dictamen favorable del ex fiscal federal Nº1 Emilio Ferrer (se jubiló en 2010), que entendió que el hecho denunciado configuraban un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y que era procedente la restitución del inmueble. Ferrer, que requirió la instrucción penal de la causa, imputó la coautoría del supuesto delito a Bussi; a Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército); a Norberto Fernández o a Jorge Antonio Fernández y a Víctor Antonio Izarduy -ex secretarios del Interior de Tucumán-, y a Arturo César Navarro, ex intendente interino de Graneros.

Bejas se apartó de esa opinión y resolvió en contra de una cautelar cuya concesión hubiese alentado los planteos judiciales de numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos de índole patrimonial con acciones de restitución prescriptas por el paso del tiempo. Nóbile de Villamil recurrió la resolución y espera que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán atienda su reclamo.