"Cambiar no resuelve nada"
Pedro Roldán Vázquez, camarista penal
Bajar la edad de imputabilidad solamente sería válido, si previamente se efectúan las planificaciones, inversiones y puesta en marcha de los planes que sirven para cumplir los compromisos internacionales sobre protección de los derechos de los niños y los adolescentes. El Estado, hoy por hoy, no se ocupa de los menores, y por eso se ven tantos chicos que delinquen. Si se baja la edad de imputabilidad, el delito va a seguir, y lo más probable es que tengamos delincuentes cada vez más jóvenes.
Un cambio en la legislación no resuelve nada, sólo sirve para evadir el reclamo social. En este momento la internación en un instituto de menores es exactamente igual a un encarcelamiento y no debe ser así.
"No es un tema de Tribunales"
Gilda Pedicone de Valls, abogada
La edad de imputabilidad tiene que ver con el grado de conciencia de la persona que comete un delito. Determinar la edad adecuada es un área que desarrollan los psicólogos. Lo que si es seguro, es que la situación de los menores que delinquen no es exclusividad de los Tribunales. De hecho, el juez poco puede hacer. Son otras las áreas del Estado que deben ocuparse de la contención. La edad de imputación puede bajar o subir de acuerdo a los niveles de conciencia, pero lo real es que alguien debe hacerse cargo de esos menores en situaciones de riesgo, y ese alguien es el Estado. Hay situaciones de conducta de los menores, en distintos círculos sociales, en que ni siquiera los padres pueden contenerlos.
"Se deben atacar las causas"
Diego Lammoglia, profesor de Derecho penal
En término de política criminal, disminuir la edad de imputabilidad no es una medida eficaz. Es más una respuesta al reclamo de seguridad que a una posibilidad real de combatir el delito. Si partimos de la idea de que las cárceles tienen que ser para la reinserción, rehabilitación y reeducación, los menores deben tener un tratamiento especial, justamente porque la idea de pena aplicable a un menor, tiene que ver más con la posibilidad de su reinserción en la sociedad. Y está claro que el ámbito para trabajar sobre esa rehabilitación no es la cárcel.
Para trabajar sobre todo tipo de delincuencia, no sólo la juvenil, hay que atacar las causas y no los efectos. El derecho penal llega cuando se ha cometido un delito. El Estado debe ocuparse del menor, para que después no los tenga que perseguir.
"Aplicar el debido proceso"
Daniel Zalazar Romero, Sociólogo
Me sumo a la teoría del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni. La idea es no actuar de manera espasmódica, no olvidemos que estamos en un año electoral.
En cuanto a la protección tanto de la sociedad como de los menores, no es tanto el problema de la edad. No olvidemos que nuestro país es el único en Latinoamérica que tiene el límite de l6 años para imputar un delito. La mayoría fijó en su legislación que son punibles desde los 12 años.
El problema radica en aplicarle un "régimen penal" y no que "se los tutele". De esa manera, se darían mayores garantías a los jóvenes y a la sociedad. "Aplicando el debido proceso" transitamos el camino para cumplir ese objetivo.
"Para exigir, hay que ocuparse"
Maria del Pilar Prieto, camarista penal
La solución al problema de la seguridad no es bajar la edad de imputabilidad. Los menores de 18 años no tienen conciencia ni criterio para ver los riesgos y consecuencias de sus actos. Son personas que nacieron y se criaron totalmente aislados, y ahora que delinquen los queremos castigar. Para exigirle a un menor, primero hay que ocuparse de ellos. Debemos mirar que hacemos mal los grandes.
La ley actual no es buena. Esta muy envejecida y trata a los menores como enemigos. Debemos encargarnos de la seguridad como algo serio y ocuparnos de una vez por todas de los menores. Darles educación, salud, y contención. Ese es el camino.
"El menor no tiene garantías"
Carolina Ballesteros, defensora oficial de Concepción
El tema de los menores es complejo. La ley 22278, para mí, es inconstitucional. No respeta las garantías constitucionales del menor y lo institucionaliza; el menor está en inferioridad contra un mayor. El adulto tiene todas las garantías constitucionales que el menor no tiene, por lo que la cuestión no pasa por bajar o no la edad de imputabilidad. Hay que procesarlos, pero para devolverles sus garantías constitucionales. La pena no puede ser igual a la de los mayores. Hay que modificar muchas cosas de la ley actual, por ejemplo que a los menores se los pueda someter a proceso penal y que cuenten con todas las garantías constitucionales, pero las penas deben ser en escalas reducidas con respecto a los adultos.