La primera palabra del decreto 23/2011 es "otórgase". No dice "prorrógase". Ni siquiera "amplíese", Y eso desencadenó desde sorpresas hasta confusiones porque lo que precisamente otorga la norma del Poder Ejecutivo son numerosas sumas de "ayuda social", que van desde los $ 100 a los $ 150, para todo el universo de trabajadores estatales provinciales, municipales y comunales de Tucumán.
Sin embargo, según explicó la primera línea de funcionarios de la Casa de Gobierno, el texto publicado en el Boletín Oficial no le da nada nuevo a los estatales sino que garantiza para todo este año los mismos "adicionales no remunerativos y no bonificables" que les fueron liquidados en los salarios de 2010 y en los de años anteriores.
"Son sumas que ya cobran", explicó, escuétamente, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ante la consulta de LA GACETA. El propio gobernador, José Alperovich, había manifestado a este diario durante la siesta que, en ningún caso, se trata de nuevas sumas. "Mantenemos lo que dijimos a fines del año pasado: toda recomposición de sueldos o adicional salarial se discutirá durante las paritarias", ratificó. Las negociaciones con los gremios de los empleados públicos se abren durante el próximo mes y suelen prolongarse hasta marzo.
Fuentes oficiales, en tanto, aclararon que el Estado no puede consignar que mantiene la vigencias de esas "ayudas sociales" como prórrogas porque esa continuidad podría habilitar a que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) plantease que se trata de subas salariales encubiertas. Por esta razón, la vigencia que se da legalmente a las sumas es anual. De hecho, el decreto 23/2011 establece que los adicionales en cuestión se pagarán "mensualmente" entre enero y diciembre de 2011.
Como se recordará, a fines del año pasado los gremios estatales pidieron al Gobierno que les concediera un refuerzo salarial por única vez, pero la Provincia se mantuvo en la posición de no abrir la discusión hasta febrero. Eso no obstó para que se produjera un entredicho a fines de diciembre, cuando los sindicalistas aseguraron que habían acordado una suma fija con el Ejecutivo, lo cual fue desmentido por Casa de Gobierno.