Hay una ley que está muy bien guardada en la Legislatura tucumana desde hace más de seis meses. Tan bien encajonada que la mayoría de los parlamentarios tal vez ni recuerden que anunciaron su aprobación como uno de los mayores logros de 2010. Fue en abril del año pasado. En los papeles parecía que al fin desde lo más alto del poder iban a empezar a instrumentarse políticas para prevenir y asistir la problemática de las adicciones. Pero la realidad es que después de su sanción hasta ahora no es más que letra muerta.
Así describió la situación el legislador peronista Hugo Balceda, quien hace pocos días emitió un proyecto de resolución solicitando la pronta implementación del Consejo Provincial de las Adicciones. Este debía conformarse con representantes de todos los sectores del Estado que les compete intervenir en la problemática: Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, ONG, universidades, entre otros, según lo previsto por la norma.
"La encargada de conformar este consejo es la Secretaría de Prevención de las Adicciones de la provincia. Quiero saber por qué se demora tanto", reclamó el legislador. Recordó, además, que la ley aprobada en abril debía sufrir pequeñas modificaciones y ser tratada a la brevedad.
"Pasaron más de seis meses y quedó en el olvido. No obstante, como ya fue sancionada se debería estar aplicando", precisó el parlamentario, que desde hace tiempo acompaña a las madres de adictos en su lucha para que haya más control sobre los narcotraficantes y la mejor atención de los adictos.
Al conmemorarse la semana pasada dos años de la lucha de las mamás, el tema de las adicciones se instaló otra vez en la cima de la agenda pública.
La norma que aprobó la legislatura fue la primera ley general para la prevención y asistencia a las adicciones. Se sancionó por unanimidad un extenso contenido. Entre sus puntos salientes propone, desde una manera integral, abordar la investigación, el tratamiento y la reinserción social, entre otros aspectos, con especial detenimiento en programas para los presos y los menores en conflicto con la justicia.
"Quitará la máscara"
"Esta norma le quita la máscara a la sociedad. En Tucumán hay droga y adictos, no son una tribu sino personas que deben ser reinsertadas en la sociedad", había manifestado tras la aprobación el legislador Carlos Canevaro, presidente de la comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones.
El texto legal se organiza en cuatro áreas conceptuales: prevención, atención, reinserción social e investigación. La financiación para su cumplimiento iba a salir de un fondo especial.
"Esta es una herramienta fundamental para empezar a discutir cómo afrontar el gran problema social. Pero su estancamiento demuestra que poco importa este tema. Cada vez tenemos más chicos comprometidos con las drogas. El problema no está solo en la Costanera. También en muchos barrios de la capital y en todo el interior. El sistema de asistencia no da abasto para atender a los adictos. La situación no da para más, hay que abrir centros de atención en todo Tucumán. El Estado no puede seguir pensando que es provincia de paso de sustancias, la droga se fabrica en cocinas urbanas", concluyó Balceda.