La llegada de la Navidad y de las fiestas de año nuevo insuflan bondades que no aparecieron durante el año, y se razonan balances que no se tuvieron en cuenta durante los 360 días anteriores. También se dibujan proyectos y promesas: si se cumplen, quedará la sensación de que las cosas pueden ser mejor de lo que son.

El año que se despide ha dejado una Legislatura dispuesta a seguir aceptando lo que le diga el gobernador sin discusión. En el Poder Judicial por fin ha aparecido un sistema de selección de jueces. Sin embargo el CAM no puede zafar de la idea de que cada corporación que lo integra intenta forzar que se hagan sus necesidades o voluntades y no buscan que se frenen las necesidades o voluntades de sus integrantes.

Al seguir estos mecanismos se buscan socios ocasionales para conseguir lo que quieren y no se pone énfasis en frenar los avasallamientos. Por eso es que se termina forzando las leyes, o sus interpretaciones, en lugar de ajustarse a ellas.

El riesgo de los excesos
El Poder Ejecutivo empezó a sufrir las consecuencias de lo que significa el exceso de poder. El acostumbramiento ha permitido que este año se vieran algunas fisuras. El alperovichismo considera que la continuidad en el manejo de la cosa pública ayuda a conseguir mejores resultados, pero no tiene en cuenta que, si no hay un buen control, el desgaste preocupa. Es una de las explicaciones que tiene el incomprensible affaire del Ministerio de Salud, donde se estuvo a punto de pagar demasiada plata a una fundación que no existía. Peor aún: se constituyó días después de que se había decidido hacer los cursos odontológicos. La cara -y el pago de la sanción del Tribunal de Cuentas- la puso el ministro de Salud, Pablo Yedlin. Le debería haber costado el cargo por tan grave hecho. Pero no le pasó nada -salvo el escarnio público- porque dentro de la Casa de Gobierno todos sabían que el verdadero "padre de la criatura" era el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. Como es el hombre que el gobernador inventó -parafraseando la creación de Osvaldo Fassolo- nada pasó. En otros momentos del país, y con otro manejo de la provincia, la historia hubiera sido diferente.

El poder omnímodo de José Alperovich es increíble. El tiempo que ha transcurrido manejando las riendas le dan ese privilegio de decidir no sólo sobre lo que la Constitución le ordena sino también sobre la moral, la ética y la vida de sus funcionarios.

El desgaste también ha quedado demostrado en el caso del camioncito que anduvo haciendo "trabajitos" para familiares del Ente de Infraestructura, al mismo tiempo que ocultaba el logo de ese organismo. Las autoridades no sólo negaron el hecho sino que también desnudaron otro tipo de ilícitos. El gobernador echó a uno de los funcionarios implicados, pero nada dijo de las prácticas ilegales en que incurre el Ente en el manejo de los vehículos públicos o contratados.

Banalidades y no tanto...

Son pequeñas muestras que dejan en claro que en 2011 el gobierno deberá ajustar las riendas para evitar más escándalos. El año que viene es electoral. Es decir que se ponen en juego cuestiones vitales y tan fundamentales como la opinión del elector.

Nunca el oficialismo provincial estuvo tan cómodo, pero, a la vez, nunca había tenido muestras tan claras sobre aquella trillada frase que sostiene que el "poder corrompe". Los dimes y diretes con quejas no sólo se oyen en la Casa de Gobierno, también hay reclamos en la Mutualidad de la capital y hasta en el mismo Palacio de Tribunales.

Cuentan los mal hablados que algunos abogados se han mal acostumbrado a entrar al Palacio con muchas tarjetas de teléfonos y otras brutalidades para conseguir ser atendidos más rápidos o para acelerar el trámite de su causa. Este viernes, por ejemplo, un empresario al que le salían burbujas de la boca reclamaba que no sabía qué hacer ya para que se resolviera su caso. El gaseoso hombre de negocios hasta había intentado, no hace muchos días, que el vocal Antonio Gandur lo escuchara. Lo visitó en el CAM y al ver la esquela con su enojo y hacia quién dirigía sus quejas prefirió no atenderlo, provocando su gran frustración porque -según él- no hay forma de que se haga Justicia. "¿Qué puedo hacer. Tendré que ir a ver al gobernador?", se quejó confundiendo institución, independencias y roles. Comprensible cuando el poder queda tan concentrado en una misma mano.

Veinte años no son nada
Desde hace casi 20 años la historia vuelve a repetirse. La película es la misma y los actores tienen otros nombres -con la única excepción del jefe sindical, Luis Lobo- pero cumplen el mismo rol. Los ambulantes pueblan las calles del centro, burlándose de aquellos que cumplen con las leyes; haciéndoles el juego a sus expendedores, que se ríen de todo tipo de control; y satisfaciendo la demanda de miles de compradores a los que no les importa ser cómplices del ilícito.

En las últimas dos décadas, el negocio de la venta callejera ha ganado más espacio. En San Miguel de Tucumán ha conseguido que el gobierno le habilite locales para ferias permanentes y ha ocupado completamente el predio de la ex Terminal, hasta transformarlo en un paraíso de la informalidad. La prosperidad del sector que incumple toda la legislación tributaria, laboral y comercial vigente alienta el crecimiento del negocio. Prueba de ello son las ferias de Atlético y de Villa Luján, y todas las que proliferaron a la sombra de estas.

La gran defensa es la necesidad de atender la demanda laboral y no perjudicar a miles de familias que viven de este negocio informal, pero también se hace en detrimento de quienes responden a las exigencias de la legalidad.

El Estado mira para otro lado mientras lleva adelante una política fiscal agresiva. Si la decisión es presionar al ámbito privado para que tribute cada vez más, los focos de informalidad deberían desaparecer -salvo que algunos sectores privados se empecinen en alimentarlos-. De lo contrario, el Estado transmite un doble mensaje que alienta la evasión y la competencia desleal.

El pago de impuestos es, en definitiva, una cuestión de principios: al que tributa por convicción no le importa que muchos otros estén en falta. Pero son casos excepcionales: el grueso de los mortales sólo respeta la ley pareja.

El Gobierno, que está cargado de empresarios devenidos funcionarios públicos y viceversa, no ha podido romper el ambiente de ilegalidad que fortalece la venta ambulante. La injusticia que esta supone, así como la impotencia que implica el no poder erradicarla, están a la vista de todos los ciudadanos. La persistencia de unos no encuentra resistencia firme del otro lado: el plan fracasa y las autoridades no se enteran. Fallan en diciembre porque fallan todo el año. No hay un plazo para terminar con esta historia. Mientras falte una solución inapelable, el cúmulo de torpezas, negligencias, promesas y sentencias incumplidas consolidará el río revuelto... y la ganancia no es de los ambulantes, precisamente.

Hace muy poco días, Juan José Campanella un hombre que ha hecho orgulloso a los argentinos porque les ha traído otro Oscar, decidió afrontar la última instancia. Este hombre, que también preside la Academia de las Artes, se hartó de la venta ilegal de películas y como no hay respuestas decidió pedirle una audiencia a la Presidenta de la Nación. La misiva a Cristina detalla "la situación terminal de la actividad cuya comercialización se hace un 80% en la ilegalidad". Campanella y sus colegas advierten que el "crecimiento desmesurado de ferias e incluso delivery, así como la inequidad impositiva, son los dos elementos que ponen a la industria en una situación de ilegalidad". Tal vez las autoridades tucumanas podrían pedirle una copia a la Presidenta.

Se acerca el fin de año y del espacio de esta nota. Quedan algunas líneas