"La definición no se podía dilatar en el tiempo", aseveró ayer el gobernador, José Alperovich, al confirmar la remoción de Ramiro Véliz como subadministrador del Ente de Infraestructura Comunitaria. "Yo dije que había que ser firme y que ante la mínima duda, había que actuar. La investigación sigue y con ella sabremos lo que pasó y si es culpable o no", agregó.

Con el despido del funcionario, el mandatario busca cerrar la polémica suscitada por la difusión en LAGACETA.com, desde el sábado, del video filmado por un lector (aparentemente, el 4 de noviembre), en el cual se ve un camión con el logo del Ente cargando escombros de la vivienda de Buenos Aires 2.521, donde viviría el hermano del ex subadministrador.

Según una alta fuente del Poder Ejecutivo, por ahora no correría riesgo la continuidad de Rolando Alfaro (legislador en uso de licencia) al frente de esa repartición.

Véliz había reconocido que el vehículo estaba haciendo un trabajo privado, pero lo justificó al señalar que no pertenece a la Provincia sino que está contratado, y que la tarea era fuera del horario de servicio. Esta misma explicación alcanzó a los empleados de la entidad que estaban retirando los restos de mampostería.

Sin respuesta
Pese a la decisión tomada sobre Véliz, la pesquisa que ordenó Alperovich sigue en marcha. El secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro, señaló que aún no recibió la contestación del titular del ente a las preguntas sobre lo ocurrido.

"Se le pidió una aclaración por los hechos que se había producido, ya que Véliz dependía de Alfaro. No sabemos qué puede pasar ahora ya que, directamente, el propio gobernador hizo cesar al funcionario político implicado, lo que implica la máxima medida política posible", puntualizó. En términos estrictamente administrativos, la cuestión disciplinaria podría devenir abstracta sobre el ex subadministrador.

González Navarro aclaró que no se sustancia una auditoría, ya que la Secretaría no tiene competencia directa sobre el ente autárquico en cuanto a los recursos humanos y el marco sancionatorio.

Cuestión patrimonial
Aunque Véliz haya sido separado de su cargo, la revisión de su responsabilidad no está terminada. Pese a que dejó de ser parte del Estado, subsiste el aspecto patrimonial en caso de que se determine que hubo un daño al erario al utilizar un bien público en actividades privadas, sin ingreso alguno para la Provincia.

En este último punto, además de lo que se actúe en la Secretaría General de la Gobernación para obtener precisiones, puede intervenir el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de controlar todo lo relacionado con el patrimonio estatal. Hasta ayer, no se había abierto ningún expediente sobre este caso. El máximo castigo que se puede imponer es la recuperación del monto del perjuicio que se habría sufrido en las arcas públicas.

Asimismo, puede impulsarse una investigación en la Justicia Penal por denuncia de un particular o de oficio por parte del fiscal de turno (por la fecha de la filmación, le correspondería a Guillermo Herrera), por el eventual delito de malversación de la cosa pública, al haberle dado un destino distinto del que estaba previsto y obtenido una ventaja con ello. La pena consiste en multa y en inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.