Funcionarios, legisladores, ex delegados comunales y hasta senadores nacionales figuran en la grilla de casi 150 personas que cometieron una transgresión normativa que motivó la intervención del Tribunal de Cuentas (TC).

En rigor, el Registro de Sanciones e Inhabilitaciones de la Administración Pública rige desde 2002. La Ley Nº 7.242 estipula que en ese registro, el órgano de control debe asentar en forma obligatoria todas las sanciones emergentes de la Ley de Administración Financiera, así como las inhabilitaciones dispuestas en sede legislativa y judicial contra empleados y funcionarios de la Provincia, de los organismos autárquicos y de las 93 comunas rurales.

Ese listado presenta desde casos resonantes de irregularidades en el Estado hasta actuaciones que involucran a estatales. Por ejemplo, la más reciente investigación es la que condenó al ministro de Salud, Pablo Yedlin, a pagar una multa de cinco sueldos por la contratación irregular de la Fundación Salud (Funsal). Junto a él aparecen el subsecretario del Siprosa, Alberto Sabaj; y el director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia. Este, sólo en 2010, recibió una multa y un llamado de atención.

Hay también actuaciones antiguas, como las que involucran a José Luis Báez, ex director de Vialidad. En total, el ex funcionario motivó 12 sumarios, que van desde llamados de atención o apercibimientos hasta multas.

En la nómina de actuales funcionarios "observados" por el TC aparecen, por ejemplo, el director de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito; el de Construcciones Escolares, Eduardo Cobos (al menos cinco sumarios); el titular del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán (durante su gestión en Obras Públicas); el director del Agua, Juan José Sirimaldi (apercibido en tres ocasiones); y el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin.

También hay legisladores oficialistas. En rigor, la presidenta de la comisión de Educación, Susana Montando, tiene en su currículum un apercibimiento, un llamado de atención y una multa de dos sueldos, a raíz de su paso por el ministerio del área en el primer mandato alperovichista. Su par José Alberto Conte arrastra desde su gestión como comisionado de Arcadia un apercibimiento y una multa de $ 500, ya pagada. Delegados rurales también figuran en el registro. Por ejemplo, Nelson Assán (Cebil Redondo) fue apercibido en febrero.

La sola presencia en el Registro no inhabilita a los sancionados para ocupar cargos públicos, pero sí fue creado para que el Estado y los ciudadanos cuenten con los antecedentes de quienes administran o administraron la cosa pública.