Ni siquiera el fiscal federal general, AntonioGustavo Gómez, pudo acceder a las declaraciones juradas patrimoniales del ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur. El funcionario requirió infructuosamente a la Cámara Federal de Apelaciones que le remita los anexos documentales de la causa en la que se investiga si el vicegobernador (en uso de licencia), se enriqueció ilícitamente.
En rigor, la denuncia presentada por el abogado Oscar López (peronismo disidente) no registra avances desde el 18 de octubre, cuando se abrieron los sobres lacrados con las últimas declaraciones juradas de Manzur, desde 2003 a la fecha. La primera se refiere a su gestión como ministro de Salud de la Provincia, en el primer mandato de José Alperovich como gobernador, y fue remitida por el Poder Ejecutivo; la segunda es de cuando asumió como vicegobernador, en octubre de 2007 (la envió la Legislatura); y las últimas son las presentadas por el ministro ante la Oficina Anticorrupción de la Nación en agosto de 2009 (al mes de asumir el cargo) y de junio pasado.
Precisamente, en este último documento Manzur admitió un patrimonio superior a los $ 5 millones, siendo con ello el ministro más rico del gabinete nacional, según publicó el diario porteño La Nación en agosto. El balance es producto del valor de 24 propiedades (campos, terrenos, departamentos, casas y locales), un automóvil Volkswagen Passat modelo 2007 y un cuatriciclo Honda.
Negativa
Luego de ese acto, el expediente principal fue girado por el juez federal subrogante Nº 1 Daniel Bejas a la Cámara, que debe resolver un recurso interpuesto por la defensa de Manzur respecto de si corresponde la intervención de la Justicia federal o provincial. Tal como publicó este diario, el abogado José Agustín Ferrari planteó una declinatoria para que Bejas se declarara incompetente y remitiera la causa a la Justicia local, pero el magistrado la desechó y concretó con la apertura de los sobres con las declaraciones.
En el marco de esa apelación, la Cámara Federal de Apelaciones requirió un dictamen al fiscal federal general. Pero Gómez advirtió que, antes de elevar su opinión respecto de la competencia federal o provincial, necesitaba contar con el expediente y con los anexos, en los que obran los detalles patrimoniales del ministro nacional. A su vez, pidió la suspensión de los pasos procesales.
No obstante, los camaristas sólo remitieron al fiscal general el expediente principal, pero no los anexos. En respuesta, Gómez firmó el dictamen 693/10, en el que dejó en claro su malestar e hizo reserva de la cuestión federal y hasta de recurrir en casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La negativa a poder acceder a la prueba documental que he solicitado me obliga a dejar a salvo el planteo de la cuestión federal ante un posible recurso de casación y eventual recurso extraordinario. Ello en atención a que no será posible definir si le asiste la razón a la defensa en tanto y en cuanto coincidan o no las declaraciones juradas provinciales y nacionales", alertó el fiscal Gómez.