Desde que el "Gran Hermano" de la seguridad abrió sus ojos, captó en las calles del centro una veintena de robos y hurtos. Y, aunque esos episodios quedaron registrados en las computadoras del Centro de Control, no todos los investigadores acudieron a esas evidencias.

Según fuentes policiales, sólo en dos oportunidades los fiscales pidieron copias del archivo audiovisual que tiene la fuerza. "Con los fiscales conversamos y analizamos varias cuestiones, como el soporte en que entregarán los videos y otros detalles, que son importantes. En la parte legal, no podemos darle a la gente para que observe las filmaciones, pues la Justicia es la que debe analizar. Si no, se puede caer una prueba importante, como una rueda de reconocimiento", le explicó a LA GACETA el comisario principal Enrique Jiménez, a cargo del Centro de Control.

El 1 de octubre, pocos días antes del lanzamiento del "Programa integral de protección ciudadana", el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, visitó a los fiscales en la sede penal de Tribunales, situada en avenida sarmiento al 400. Rodeado por asesores técnicos y con proyectores, les contó a los investigadores sobre la instalación de las cámaras y la implementación de otros recursos. "Estas son herramientas muy favorables tanto para la prevención como para el esclarecimiento de delitos. La intención de esta reunión era exponer el proyecto, puesto que ahora, por ejemplo, el Ministerio le podrá facilitar a la Justicia imágenes de determinadas situaciones en la vía pública, y es importante que los fiscales conozcan cómo funciona el sistema", dijo en esa oportunidad el funcionario.

Según las denuncias que recibieron los fiscales durante el mes de octubre, las calles del centro fueron las más inseguras del Gran San Miguel de Tucumán. Los hurtos o arrebatos, los robos de motos y los atracos en comercios fueron las modalidades más utilizadas por los ladrones.

Pero, por ahora, los investigadores no utilizaron las 24 cámaras que funcionan en el centro para tratar de esclarecer esos delitos. Y, en este caso, el tiempo no es un detalle menor. "El material fílmico queda guardado por 30 días, debido a que los archivos son muy pesados. Una vez transcurrido ese tiempo, los datos se van sobreescribiendo en el sistema", indicó el comisario mayor Víctor Sánchez, a cargo del nuevo plan.

Desde la Policía no quisieron brindar mayores detalles sobre las dos causas en las que se pidieron grabaciones desde la Justicia. "Estamos en plena investigación", aseveraron.

Sin embargo, trascendió que uno de los casos es un robo; el otro, una medida judicial que fue registrada por las cámaras y que un fiscal, por algún motivo, querría revisar. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los funcionarios judiciales que intervinieron en ambas pesquisas.

"Hasta ahora, no se respondieron los oficios con el envío de los videos. Pero se está trabajando en ello y en los próximos días se cumplimentará el trámite", remarcó una fuente policial.