Cuarenta palabras resumen un simposio de la última jornada del I Congreso Latinoamericano (IV Argentino) de Conservación de la Biodiversidad. Ordenadas alfabéticamente componen esta interesante sucesión: alianza, ambientalista, apoyo, bosque, capitalismo, ciudadano, compromiso, comunidad, concientización, conflicto, confrontación, consenso, conservación, contaminación, diálogo, difusión, discusión, empresa, equilibrio, ética, estrategia, futuro, gobierno, hábitat, honestidad, información, ley, límite, lucha, motivación, movilización, oportunidad, pasado, plan, presión, reacción, rentabilidad, reserva, responsabilidad y solución.

No es casual que la enumeración comience por "alianza". Es lo que pide el boliviano Freddy Chávez, representante de la Fundación Nativa, que, junto a otras ONG de su país, Paraguay y Argentina, propone nada más ni nada menos que la Organización de las Naciones Unidas declare "Reserva de la biósfera" a la zona de influencia final del Río Pilcomayo. "La biodiversidad no está circunscrita a límites políticos y los países tampoco se organizan en función de los accidentes de la biodiversidad. Los ecosistemas no terminan donde termina Argentina y comienza Bolivia, y, por ende, requieren estrategias de conservación que adviertan esa circunstancia", reflexiona Chávez.

Ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto -y defienden intereses supuestamente opuestos- pero están unidos por los mismos desafíos ambientales. La tucumana Teresita Lomáscolo, miembro de la Fundación Proyungas, propone desactivar los conflictos a partir del diálogo. Según su opinión, ningún plan de conservación puede prescindir de los actores del sector privado, que, ¡atención!, tienen en sus manos el 93% del territorio nacional (sólo 2,5 millones de hectáreas están comprendidas en algún supuesto de área protegida). "La empresa puede conservar el ambiente sin resignar su rentabilidad. Pero hay que mostrarle cómo", explica la bióloga.

A veces el primer síntoma de esa apertura es una confrontación abierta. Sí, una campaña de concientización de alto impacto mediático del estilo de las que perfecciona Greenpeace y que Hernán Giardini, coordinador de la campaña de biodiversidad de esa ONG, presenta como puntas de lanza para acciones más profundas. "Nosotros llamamos la atención del ciudadano para una causa concreta y buscamos que se produzcan los cambios: la norma, la reserva, la interrupción de la contaminación. Pero esa conciencia ambiental queda despierta y puede exigir más por sus propios medios", observa con optimismo.

Imponer o convencer

Las experiencias y propuestas de Chávez, Lomáscolo y Giardini llenan de contenido el simposio "Biodiversidad y sociedad civil: una vinculación que crece". La cuestión interesa especialmente a estudiantes y jóvenes investigadores, que, al final de las exposiciones individuales, plantean valiosas preguntas (a veces lo más rico de una mesa panel no está en la disertación preparada, sino en el intercambio espontáneo entre los oradores y su público).

A un entrerriano le interesa la palabra "compromiso". Interroga si es cierto que la comunidad está tan interesada como parece en los problemas ambientales. Giardini responde: "por diferentes razones, la participación de la población en este tipo de asuntos ha crecido significativamente en los últimos diez años. Greenpeace pasó de 30.000 a 80.000 socios. Si bien es cierto que la tecnología ayuda, porque a veces sólo hace falta un clic en una página web, ya nadie duda de que a la gente sí le importan los recursos naturales".

Otro miembro de la audiencia inquiere sobre las posibilidades reales de un proyecto tan vasto y complejo como la Reserva de la biósfera del Río Pilcomayo (aquella zona conforma uno de los sistemas ecológicos de mayor diversidad biológica y cultural de América del Sur). Chávez admite el tamaño del reto y dispara: "no hay ningún antecedente de reservas trinacionales, pero nosotros confiamos en que los gobiernos pueden compatibilizar sus marcos legales si la ciudadanía demanda ese tipo de decisión... esta eventual reserva exige, en última instancia, elaborar una visión de desarrollo transfronterizo común y auténticamente fundado en criterios ambientales".

Una asistente invoca el vocablo "ley" y se pregunta -y pregunta a los expositores- hasta qué punto hay que buscar la conservación por la vía del diálogo si lo que corresponde es cumplir con los niveles de protección previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Lomáscolo, que ya se había pronunciado en favor de quitar las etiquetas que impiden entablar una conversación constructiva, ensaya un pequeño discurso a propósito del planteo: "tenemos diferentes intereses en función de nuestras convicciones ideológicas, políticas, religiosas y económicas. Pero esa realidad no es razón suficiente para cortar el intercambio. Históricamente nos ha hecho mal no hablar sobre nuestros problemas... las decisiones ambientales no pueden prescindir de los empresarios y, de a poco, ellos ven la conveniencia de abrirse a la conservación. No podemos no aprovechar esa oportunidad inicial".

Cualesquiera sean los cambios ambientales posibles, no cabe duda de que estos sobrevendrán a partir de la proactividad de la sociedad civil, de acuerdo con los pronósticos coincidentes de Chávez, Lomáscolo y Giardini. Y de una sociedad civil que se mueve, donde los científicos dejan el laboratorio y aprenden de política; los ejecutivos advierten los efectos positivos de implicarse en proyectos de conservación, y los ciudadanos reclaman medidas ambientales a sus gobiernos. Ningún actor puede faltar en la solución, la última de las 40 palabras enunciadas lúdicamente al comienzo de esta nota.