Alejandro Pérez Hualde, presidente de la Suprema Corte de Mendoza, está convencido de que los concursos deben y pueden aplicarse válidamente para cubrir todas las vacantes de la carrera judicial. Hace cuatro años y medio, el alto tribunal que representa resolvió implementar aquel sistema. "Desde entonces, todos los cargos se concursan en la Justicia mendocina y no hubo ni una designación directa más", afirma con firmeza.

La decisión convirtió a sus tribunales en un auténtico modelo en la materia. Hasta el punto de que Pérez Hualde vino especialmente a Tucumán a explicar el mecanismo a los vocales de la Corte Suprema de Justicia local. La gira de promoción del magistrado mendocino propició una acordada, la 1.029, que, a diferencia del régimen considerado públicamente como referencia, sólo establece los concursos públicos para la categoría de ayudante judicial, la más baja del escalafón vigente en la Justicia de Tucumán.

"Directamente eliminamos las listas que había en el esquema de designación directa. A partir de determinada fecha, todas las incorporaciones de personal, incluso los relatores de la Corte, se hicieron mediante concursos. Únicamente quedaron afuera los ordenanzas. Y los ingresos ocurren por estricto orden de mérito, si bien es cierto que, en determinados casos, estamos autorizados a apartarnos de él fundamentando la decisión expresamente", comenta Pérez Hualde a LA GACETA en una conversación telefónica mantenida este viernes.

-¿Hubo alguna cuestión operativa que impidiese implementar esa decisión de un modo tan radical?

-No, ninguna. Bastó con que la mayoría de los vocales mendocinos llegásemos a la convicción de que debíamos ir hacia un ingreso transparente. Esto depende puramente del convencimiento. Insisto: se acabaron los nombramientos discrecionales. Fue un cambio inmenso con efectos muy buenos, por lo menos para nosotros que queremos profesionalizar cada vez más el Poder Judicial. Entiendo que, en otros poderes del Estado, se espera que el que vino de un partido político esté rodeado de personas que pertenecen a su misma organización, pero el ciudadano espera que la Justicia sea independiente.

-¿Cuál ha sido la consecuencia inmediata de los concursos?

-Costó mucho establecerlos, pero ya tenemos tres camadas completas de incorporaciones y es notable cómo ha mejorado la calidad de los ingresantes. Además, es evidente que hemos ganado muchísimo en transparencia.

-¿Por qué cuesta tanto trabajo dejar las designaciones directas?

-El sistema de la selección con apertura pública provoca la desaparición del favor personal que existe en el resto de la administración pública. Este favor a veces beneficia a familiares de magistrados, funcionarios y empleados. Es decir, crea una cadena de favores que la corporación trata de mantener. Es muy lindo solucionarle el problema de trabajo a un ser querido, pero no es la conducta institucional apropiada para estos tiempos que vivimos donde debemos procurar un mayor grado de igualdad. Insisto: probablemente en los poderes políticos sea todavía más difícil de erradicar la designación directa porque, tal y como están dada las cosas, los candidatos llegan al poder con muchas deudas y una gran necesidad de conformar un entorno leal. Aunque, con todo, deberían adoptar el concurso porque es la opción de los mejores Estados del mundo.

-¿Y en sólo cuatro años y medio ya se nota la diferencia respecto del esquema anterior?

-Piense que los 200 aspirantes que quedan en el orden de mérito han surgido de un grupo de 11.000 candidatos, y que todos han rendido exámenes de computación y de conocimiento de la tarea del Poder Judicial. Son pruebas muy rigurosas. Ese empleado llega muy calificado. En cambio, cuando usted incorpora al amigo, al hijo del amigo, del funcionario o del juez, no lo somete a ningún tipo de test de exigencia técnica.

-¿Los nombramientos directos están reñidos con la ética judicial?

-No sé si son antiéticos, pero, vuelvo a decirlo, este mecanismo nos enriquece en términos de transparencia. Y esta es el arma más importante con la que contamos para combatir las conductas corruptas. Piense que los nuevos empleados y funcionarios no deben nada a nadie y que han llegado a su cargo por su capacidad intelectual.

-¿La cadena de favores que crea el régimen de nombramientos sin concurso podría llegar a comprometer la independencia judicial?

-El concurso fortalece la independencia del juez. El problema del amiguismo es uno de los capítulos en la lucha contra la corrupción. No sólo tenemos que identificar en ese ámbito al coimero, sino también al que usa sus relaciones como puentes para conseguir cosas injustas. Sin duda es un desafío para los poderes judiciales provinciales. La selección abierta, sobre todo, implica un avance en materia de publicidad de los actos de gobierno. También hay que compartir la información, las actuaciones y resoluciones. Los tribunales tenemos que abrirnos a la ciudadanía siguiendo el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dado grandes pasos para eliminar las corruptelas.