Uno de los principales problemas que genera el cultivo de caña de azúcar en países subdesarrollados es la quema de los cañaverales. En Tucumán se da principalmente en pequeños y medianos productores, quienes representan más del 80% de las explotaciones de caña de azúcar. "Las razones de porque se quema la caña es cultural, dado que es una costumbre centenaria en la región, y económica, ya que abarata costos para el productor", señaló el abogado tucumano Esteban Giraudo, que elaboró una tesis que acaba de ser premiada con el "Mejor trabajo final Maestría en Derecho y Economía 2010", por la Universidad Torcuato di Tella y el Colegio de Abogados de Buenos Aires.

"La quema de caña se practica para eliminar hojas secas y/o paja, evitando así el deshoje manual, contratación de mano de obra y afrontar los costos que esto significa; o tener que invertir en una máquina cosechadora. Sirve también para evitar el "flete falso" (traslado al ingenio, de la caña con hojas desechables). Esto genera una externalidad negativa que, mientras no sea controlada, es asumida por la sociedad", remarca Giraudo.

El experto destaca que la quema generó, sólo en la disminución de rendimiento de predios cañeros, pérdidas por aproximadamente $ 100 millones, sin estimar en dinero los daños provocados al suelo por pérdidas de materia orgánica y fertilidad; y a la sociedad -contaminación del aire, enfermedades de vías respiratorias, cortes de suministro eléctrico, incendios en propiedad privada, accidentes en rutas, etc.-. "Finalmente, se está desperdiciando el uso de los residuos agrícolas de la cosecha, prefiriéndose su quema, no obstante el gran potencial que representa su empleo en la producción de energía, sobre todo si tenemos en cuenta que una tonelada de trash -residuo de la caña- genera energía equivalente a dos barriles de petróleo; y en la alimentación animal", añade.

Responsabilidad
El trabajo apunta a lograr un cambio en la conducta de los productores locales, a través de la creación de un tributo que incida sobre el comportamiento del productor, para hacerlos pagar por la contaminación generada. De esta forma se reducirá la cantidad de contaminación, pues ya no será tan beneficioso producir contaminando para la empresa y se producirá un aumento del precio del bien producido. "Si analizáramos los costos de producción en los ingenios y en la mayoría de las empresas argentinas, probablemente constataríamos que no se contabiliza el rubro de daños al ambiente", precisa Giraudo. Hace hincapié en que la quema de cañaverales y cualquier acción contaminante genera una externalidad negativa, dado que produce daños al resto de la sociedad, y quien la genera, no responde por sus costos, los cuales son soportados por la sociedad y/o el Estado. "El costo marginal del producto para la empresa es menor a su costo social marginal para la sociedad, dado que es la sociedad la que paga la contaminación causada por la empresa, y que luego no contabiliza; por ende, no lo internaliza, sino que lo externaliza en la sociedad", agrega.

Un método para combatir esta práctica son los incentivos económicos, y en particular los impuestos y tasas ambientales. "En materia de bienes de uso común, como el aire o el agua, nos encontramos con que los derechos de propiedad no están correctamente definidos ni reglamentados, de forma tal que cualquiera puede usarlos, y generalmente abusar de ellos. Si los derechos de propiedad estuvieren perfectamente definidos y delimitados, el uso que un sujeto pueda dar a algo que le pertenece, nunca podría afectar a otro derecho perteneciente a un tercero. Cuando esto sucede estamos frente a una externalidad negativa", explica Giraudo. Destaca, sin embargo, que para muchos, la eficiencia podría no ser una meta deseable en temas ambientales. "Llevar la contaminación a cero, podría terminar siendo una solución mucho mas costosa para la sociedad que disminuirla a un nivel optimo, y usar los recursos para combatir los efectos negativos de la contaminación, como por ejemplo los problemas respiratorios. Los incentivos económicos son instrumentos que proporcionan motivaciones financieras o de otro tipo, para alentar a las partes responsables a reducir sus emisiones de contaminantes o hacer sus productos menos dañinos al medio ambiente", subraya Giraudo.