Los conflictos constantes en el transporte aéreo se han extendido, por lo menos, a lo largo de dos décadas y da la impresión que la historia proseguirá. El miércoles pasado, cuando el aeroparque "Jorge Newbery" había sido cerrado hasta el 1 de diciembre por refacciones y el tráfico aéreo doméstico era desviado a Ezeiza, estalló un conflicto gremial que afectó a miles de personas. El caos fue desencadenado por un paro en Ezeiza que surgió de una interna sindical entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas. Luego se sumó la disputa entre azafatas agrupadas en la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales y la empresa LAN Argentina.

La privatización de Aerolíneas Argentinas y de las aeroestaciones en la década de 1990 no trajo las mejoras prometidas. Uno de los argumentos esgrimidos por el entonces presidente Carlos Menem fue que las compañías del Estado daban pérdidas como consecuencia de la mala administración y de la corrupción de décadas. Era entonces necesario ingresar por "las puertas grandes del Primer Mundo"; de manera que el Gobierno privatizó todo lo que podía ser rentable; en algunos casos, el Estado mantuvo una mínima participación en las acciones.

Desde ese entonces, la historia de Aerolíneas Argentinas cambió radicalmente y con bastante frecuencia la empresa fue noticia por las constantes crisis y la falta de inversiones de los nuevos dueños. Se dijo en la oportunidad que la mayoría de las privatizaciones habían sido mal hechas. Lo cierto es que en el caso de Aerolíneas la crisis volvió a recrudecer en 2007. Con el correr del tiempo, las deficiencias se ahondaron y se sumó un largo conflicto con los pilotos. Tras marchas y contramarchas con las autoridades y empresarios españoles, el Gobierno decidió nacionalizar la línea. Sin embargo, los problemas no cesaron, sino que se agravaron. El enfrentamiento sindical perjudicó doblemente a los usuarios que una vez más se convirtieron en rehenes. Se cancelaron numerosos vuelos comerciales. La autoridad, como suele ocurrir en estos casos, intervino tardíamente y no logró atenuar la frustración, el mal humor, el enojo razonable de quienes mantienen el servicio con sus bolsillos y sin embargo son a menudo maltratados con estas medidas sorpresivas.

Ya de por sí, los tucumanos que viajen a Buenos Aires en vuelos comerciales tendrán un mayor costo económico y de tiempo. No sólo deberán hacer el trayecto de 33 kilómetros, entre Ezeiza y la Capital Federal -el viaje es de aproximadamente 50 minutos-, sino que los pasajeros cuyos vuelos despeguen desde aeroestación internacional, deberán presentarse nada menos que tres horas antes del horario que indica el pasaje para hacer el check in. El costo de un viaje en taxi o remise hasta Ezeiza es de $150 aproximadamente.

Luego de cuatro días de iniciado el caos, el secretario de Transporte de la Nación dijo que hubo problemas de ajuste y que se "evaluó mal la cantidad de vuelos" cuando fue programada la mudanza de servicios de Aeroparque a Ezeiza, con motivo de las obras que se están realizando en el estación metropolitana.

Lo más lamentable de esta situación es que el ciudadano es el eterno jamón del sándwich. Ningún sector gremial, grupo manifestante ni autoridad se hace cargo del perjuicio económico, moral y de tiempo que le provoca al prójimo cuando se corta una ruta, una calle o se realiza un paro sorpresivo del transporte aéreo, dejándolos sin alternativas.

¿Se sancionará a alguien por el daño ocasionado a cientos de viajeros? Sería importante que se diseñara una política de Estado en materia de transporte y se protegiera al usuario de estos excesos de los que es la principal víctima.