La primera ronda de designación de nuevos magistrados encierra una paradoja. La consagración de cinco miembros en Familia y Sucesiones no permitirá reducir la cantidad de vacantes en ese fuero; por el contrario, se mantendrá en seis cargos sin titular, lo que genera una gran preocupación en una de las áreas más sensibles para la sociedad. Así, el éxito del primer concurso del Consejo Asesor de la Magistratura concluido totalmente (tras el paso por de los seleccionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo) quedará parcialmente esmerilado por la dinámica de los hechos.

El panorama se plantea porque las dos candidatas propuestas para ser camaristas, Marta Estela Paz de Centurión y Ester Julieta Valderrábano de Casas, son actualmente juezas de primera instancia de ese fuero, con 20 años de trayectoria. Por ello, sus ascensos generarán, en sí mismo, dos cargos vacíos más. A ellos se suma la tercera vacante en la Cámara de Apelaciones en Familia y Sucesiones (ya existente) y los tres nuevos juzgados creados por Ley 8.360, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La vacancia en el rango de camarista encierra una decisión política. El PE decidió no cubrir ese tercer puesto hasta tanto reciba otros nombres para poder elegir, ya que sólo le quedó el de Juan Justo Daniel De la Torre, resistido en la Casa de Gobierno y en el propio CAM, donde varios vocales propusieron aplazarlo por las respuestas dadas en su entrevista personal; primó el criterio conciliador y fue calificado apenas con cuatro en esa instancia evaluadora.

Pero es más delicada la situación en el nivel de juzgados de primera instancia, verdadera trinchera de contención de los conflictos sociales y adonde llegan las angustias y sinsabores cotidianos. De los despachos actualmente en funciones, quedarán virtualmente descabezados los de la IV y V Nominación no sólo porque se van sus titulares (Paz y Valderrábano, respectivamente), sino porque también dejarán sus cargos las secretarias (verdaderos motores de tracción del adecuado funcionamiento de esas oficinas) Angela Rossana Martínez y Claudia Inés López, que pasarán a ser juezas. Por este motivo, habrá que reestructurar en forma completa el funcionamiento de esas dependencias hasta tanto se sustancien los concursos (con llamados y toma de exámenes en forma individual, según lo dispuesto por la nueva Ley 8.340). Estos datos indican que, desde fuera del palacio de tribunales, sólo Silvia Lescano de Francesco llegará a un juzgado.

Si bien no está legalmente consagrado, de esta situación se desprende una suerte de mayoritaria carrera judicial informal, donde un secretario asciende a juez; y un juez a camarista. Distinto fue lo que ocurrió en los concursos inconclusos para la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la Capital, trabados por cuestionamientos judiciales, y de Concepción, donde el nombre de María Isabel Bravo espera ser acompañado por otros para una definición.

Con la futura vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a partir de la jubilación de Alberto Brito a principios de 2011, se presentará la misma discusión: ¿su reemplazo deberá surgir de las filas de los tribunales o del ejercicio libre de la profesión? A favor del primer argumento, se encolumnan las principales espadas de la Casa de Gobierno (cargan contra la imagen de Claudia Sbdar, que es más díscola de lo que esperaban); por el segundo, alegan quienes consideran que llegó el tiempo de que se renueve el aire en la cúpula judicial con otros vientos. Pocos -los menos- son los que defienden que se repita la historia del salto de un funcionario a la Justicia (como Héctor Area Maidana, Antonio Gandur, Alfredo Dato o Antonio Estofán) o la llegada de un legislador alperovichista.

Amparo insólito
Mientras se termina un proceso, está en ebullición otro. La acción de amparo interpuesta por Jorge Lobo Aragón para obtener ventajas en el concurso para la Fiscalía de Cámara Penal sorprendió a todos. El candidato acumula blasones: fue sucesivamente ex fiscal; ex juez penal; ex secretario de Ramón Ortega; ex legislador de Antonio Bussi; ex concejal; ex funcionario de Raúl Topa y ex interventor de Yerba Buena de Julio Miranda. En ninguno de esos espacios alegó haber sido elegido por su discapacidad física.

Ahora levanta sus problemas de desplazamiento como bandera antidiscriminatoria para pedir que le reserven el cargo en disputa. Alega que las leyes vigentes ordenan al Estado reservar un 4% de los cargos para personas con discapacidad, como es su caso. El espíritu de la norma se refiere a cantidad proporcional de puestos en la administración pública, pero no exige expresamente el rango por ocupar. Bastaría con que se cumpla con el requisito entre los empleados de mostrador, oferta que, se supone, Lobo Aragón rechazaría decorosamente.

Pensar que se debe guardar un cupo de magistrados, de legisladores o de ministros para personas con discapacidad es forzar argumentos, en busca del beneficio personal.

La posibilidad de construir una escuela judicial y de definir un esquema de ascensos internos (mediante concursos y méritos) no fue contemplada en las normas para actualizar la forma de designar jueces. Por el contrario, los convencionales de 2006 diseñaron un CAM de naturaleza eminentemente política, cuya efectividad aún es indeterminada. El tiempo dirá lo acertado o no del mecanismo decidido.