"El delincuente sabe que comete un hecho delictivo y que en 10 días va a salir". Hugo Sánchez, jefe de Policía.
"El sistema tiene que cambiar". Hugo Sánchez.
"Cada uno sabe cuál es la función que tiene que cumplir y la parte que le toca". José Alperovich, gobernador.
"Aquí no interesa confrontar sino dar respuestas a la sociedad". Luis de Mitri, ministro fiscal.
La tormenta de frases creció durante la semana, se intensificó el domingo y se aplacó ayer. Apaleado primero por la crisis policial que tuvo su peor instancia con el escándalo en la comisaría de El Manantial, el jefe de Policía, comisario Hugo Sánchez, se defendió como pudo cuando se agravó el clima de inseguridad con los ataques de arrebatadores. La muerte de la escribana María Isabel Osores encendió los ánimos. Sánchez sacó sus estadísticas y culpó a la Justicia por liberar a los delincuentes. En el acto fue apoyado por el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, también golpeado por el tembladeral de la inseguridad: "Nosotros mostramos todo lo que estamos trabajando, las inversiones que se hacen, los planes que existen y también las cifras de detenciones, porque muchas veces se puede pensar que la Policía no detiene, no trabaja sobre el tema", dijo López Herrera.
Lo bueno y lo malo
Acá está uno de los nudos del problema. La Policía sí trabaja y sí detiene y eso es lo que le dio a Sánchez la posibilidad de culpar a la Justicia. Una parte de su trabajo la hace bien: detiene a culpables in fraganti y en eso la Justicia no tiene nada que decir; mucho menos ahora que se ha acordado la Ley de Flagrancia que, en teoría, permitirá condenar rápido. Y si la Justicia sigue con las viejas trabas (falta de personal, estructuras anquilosadas) siempre va a seguir dándoles poca importancia a los "delitos bagatela", sin advertir que ataques como los de los arrebatadores son los que más preocupan a la gente.
Sin embargo, hay cosas que la Policía hace mal. Los fiscales dicen que muchísimas detenciones caen porque los operativos están mal hechos. Si nos atenemos solamente a las causas de mala praxis policial que llegan con escándalo a dominio público -sin ir más lejos, el caso del comerciante de Taco Ralo que estuvo dos años preso por una causa armada por policías de su localidad- tenemos un panorama oscuro sobre la forma de actuar de la fuerza, que es el que tuvo a mal traer al jefe de Policía hasta hace dos semanas.
Ahora bien, saber esto no sirve de nada, porque gritando se acusaron unos a otros como lo vienen haciendo desde hace años. Tampoco servirá que se hayan acallado las voces de los fiscales porque queda la impresión de que los delincuentes siguen haciendo de las suyas en una sociedad cada vez más crispada. En este sentido, es cada vez más común que los arrebatadores capturados por los mismos vecinos reciban palizas mientras se critica a la Policía, cuya imagen está por el piso, a pesar de las cámaras de vigilancia, los autos, las motos, los GPS y los 30 millones de pesos que el Gobierno dice que está invirtiendo.
Acá está otro de los nudos del problema. ¿Qué es, entonces, lo que hay que cambiar, según el jefe de Policía? Para él, los métodos de la Justicia, que -en su opinión- debería volverse más veloz, más dura, más condenadora. ¿Dónde entrarían los delincuentes detenidos, (los bien detenidos) si ahora no hay lugar en la cárcel y se les escapan de las comisarías? En este sentido, la nueva ley debería dar una respuesta.
Funcional al delito
Pero lo que no se dice -y que sí se debería cambiar- es que el modelo policial es esencialmente reactivo y que es funcional al delito. Por eso, aunque haya más agentes y más equipos, hay más inseguridad y se hacen millonarios los que venden alarmas y servicios privados de vigilancia.
Se compran motos y autos para perseguir ladrones, se filma para detectar a los delincuentes en acción pero no se hace prevención para evitar que ocurran los ataques. Las patrullas son reactivas, no preventivas, los agentes no conocen los barrios ni saben qué pasa en ellos, y por eso no se hacen mapas del delito. Es cierto que su experiencia les alcanza para actuar casi "por olfato", pero eso no sirve en momentos de crisis, porque los delincuentes, que son sobrevivientes decididos a todo, también actúan "por olfato" y estudian muy bien el terreno.
Además, en esto hay que ser lapidarios: Raúl Zaffaroni, el ministro de la Corte Suprema de la Nación, que hace meses reclamó que no hay estadísticas serias sobre seguridad, acaba de decir que "no se invierte un solo peso" ni se investiga para saber lo que realmente pasa en materia de inseguridad. Eso debería llamarles la atención a los ministros y jefes policiales del país entero, que siguen dejando la seguridad en manos de fuerzas policiales concebidas con esquemas antediluvianos, que sólo conciben la modernidad en forma de vehículos y cámaras de vigilancia.
"Al ciudadano común no le interesa nada, no delimita si es culpable el Poder Judicial, el Ejecutivo o el Legislativo, cuando se produce un asalto en tu casa es un asalto y entre los tres poderes debemos trabajar en conjunto", dice Alperovich. Pero con eso no alcanza: no hay autocrítica y efectivamente, cada uno hace lo que sabe hacer y eso es lo que hace desde hace años. Es, precisamente, lo que llevó a la situación actual.