Están desbordados y entonces juegan un juego peligroso. La situación está fuera de cauce. El brutal asesinato de la escribana María Isabel Osores disparó las emociones de quienes deberían tener el ánimo templado. Fue el jefe de Policía, Hugo Sánchez, tal vez cansado de quedar bajo la luz, el que decidió encender la mecha. No es la primera vez que lo hace, pero antes supo actuar con más tacto. Ahora se despachó con todo y a muchos les pareció el manotazo final de un ahogado. Con sus propias cifras en las manos le pegó un tiro a la Justicia. "El delincuente sabe que comete un delito y en 10 días sale", disparó. Pero no estaba utilizando una pistola, sino una escopeta: la perdigonada se abrió y lastimó severamente a todo el Poder Judicial. El jueves fiscales, jueces y camaristas ardían. Sánchez sabía lo que sus palabras iban a provocar. Sus colaboradores se habían encargado de distribuir los antecedentes de los hombres que mataron a Osores. Ya habían estado presos varias veces, siempre por robos o hurtos. "Si siempre quedan en libertad es muy difícil hacer prevención", agregó el funcionario. Se cubrió, y pateó la pelota al otro campo. Hubo jueces que querían pedir la renuncia de Sánchez, pero no se animaron a hacerlo públicamente. Pero tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Mañana habrá una reunión en Tribunales, convocada por los 13 fiscales de la provincia. Invitaron al Ministro Fiscal, Luis De Mitri, y al presidente de la Corte, Antonio Estofán. Están indignados: "él depende sólo administrativamente del Poder Ejecutivo, pero trabaja para nosotros. Lo dice la Ley. Es un auxiliar de la Justicia. No puede decir semejante barbaridad", aseveró uno de los fiscales. El presidente de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez, salió a contestarle públicamente, y le recordó a Sánchez que la Justicia no debe recibir presiones. "Un imputado no pasa a ser delincuente porque lo diga un funcionario, sino cuando tiene una sentencia firme luego de un juicio", advirtió el camarista. Y dio una clase de colegio secundario para quien quiera ponerse el sayo: "la seguridad y la prevención de los hechos delictivos es responsabilidad exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo". El gobernador José Alperovich se dio cuenta de que algo se estaba saliendo de los carriles normales e intentó poner paños fríos. "Hay que seguir trabajando en conjunto y no echarle la culpa a ningún sector en particular", dijo. Pero un día después, el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera (para el que no lo sabe es abogado y fue presidente del Colegio), renovó la apuesta, y pidió que los jueces castiguen a los delincuentes para mejorar la seguridad. ¿Quien queda en el medio? El ciudadano. El que, tal como lo dijo Ramón Orso, el esposo de Osores, teme salir a la calle ante la posibilidad de morir a manos de delincuentes. Ese al que no le importa que la Ley diga que el arrebato es un delito excarcelable. Ese que quiere a los delincuentes lejos de sus familias. El mismo que espera entrar a un banco sin la sensación de que, indefectiblemente, cuando salga será víctima de una "salidera". El que pretende descansar por las noches en paz y no pensar que abrirá los ojos con el frío caño de una pistola apoyado en la cabeza. Estas discusiones de nada sirven. Si los encargados de resolver el problema están descontrolados y no encaran un verdadero trabajo en conjunto el delincuente seguirá moviéndose en el ámbito que más le conviene: el caos.