Sólo uno de los siete integrantes de la comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos es abogado: se trata de Antonio Raed. Entre los restantes hay una experta en ciencias de la educación, un contador público nacional, dos empleados estatales y un empresario del agro, para concluir con el presidente del cuerpo, José Fernando Orellana, quien centró su labor en la carrera política en Famaillá. Pero hay algo que los unifica sobre las diferencias; todos son férreos defensores del alperovichismo.
Los siete integrantes de Peticiones y Acuerdos serán los principales responsables de dar la puntada final a los concursos de selección de jueces realizados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), innovación impuesta en la reforma de la Constitución provincial de 2006.
La falta de consensos políticos y las causas judiciales contra la Carta Magna paralizaron la designación de magistrados desde 2004 en adelante (salvo en los casos de vacantes en la Corte Suprema de Justicia), por lo que esta comisión no desarrolló su labor en este asunto. Sus reuniones fueron esporádicas, y se limitaron a las sustituciones de Héctor Eduardo Area Maidana y de Alfredo Dato en el máximo tribunal, y del defensor del Pueblo.
Orellana es consciente del protagonismo de este momento, sobre el que insistió en calificar como histórico porque es la largada del proceso de normalización en los tribunales, donde hay medio centenar de vacantes.
"La Justicia no está paralizada, pero está quebrantada en su accionar por la gran cantidad de juzgados que no tienen un titular a cargo. Todo está funcionando en una situación no agradable para quienes tienen causas pendientes y para los magistrados, funcionarios y empleados, que están desbordados y trabajan por encima de su capacidad", remarcó el legislador, en una entrevista con LA GACETA que se desarrolló como sigue.
- ¿Recibieron respuesta a todos los informes sobre las postulantes a Familia y Sucesiones?
- Sólo faltan los informes de la Corte Suprema de Justicia sobre las trayectorias personales y de la Caja Popular de Ahorros, sobre cada estado financiero. El resto está listo.
- ¿Qué significará cubrir estas cinco primeras vacantes?
- Será una bocanada de aire fresco para la sociedad, no sólo para quienes viven de la Justicia que son quienes más preocupados están por la falta de dictado de sentencias. Los abogados están ahogados y hasta los bares cercanos a tribunales están tristes.
- ¿Está conforme con lo hecho?
- Lo importante es que cada poder asuma sus responsabilidades, sin interferir en el otro: La Legislatura, legislando; la Justicia, dictando fallos, y el Ejecutivo, ejecutando.