La política vive momentos de turbulencia. El escenario económico no preocupa a los hombres de negocio, pero la inflación golpea con dureza a los jubilados y a quienes perciben ingresos fijos. El armado electoral avanza con diferentes ritmos en las distintas fuerzas partidarias.

Como la política que se construye desde el Estado, influye sobre la existencia y la hacienda de los ciudadanos de diferentes niveles sociales, la mirada se focaliza en todo lo que hace el Gobierno, tanto en la esfera federal como en la provincia.

Del desastre económico de 2001, nadie se acuerda, excepto el kirchnerismo que lo usa monotemáticamente para justificar todo, aun para lo más injustificable. El reciente veto presidencial al 82% móvil para jubilados y pensionados se inscribe en este último concepto. La tan meneada redistribución del ingreso quedó por el suelo, tras la decisión de la presidenta Cristina Fernández.

Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía, que piloteó la salida del descalabro de 2001, le retrucó al Gobierno y planteó que sí es posible pagar ese porcentaje, si se reordenan los gastos estatales y se vuelve a privatizar Aerolíneas Argentinas, empresa ultradeficitaria en manos del Gobierno. Lavagna detectó un fenomenal desorden en los números del Gobierno desde hace dos años. El contraste entre los palabras y los hechos es notorio.

Contrastes senatoriales

Habilitar partidas para financiar la movilidad jubilatoria es una tarea que signará el debate por la Ley de Presupuesto 2011 en el Congreso. Ese será, entonces, el momento de la previsión del dinero para mejorar la calidad de vida de los jubilados, y el de la revisión del destino de los recursos.

El miércoles, en el Senado, los oficialistas Sergio Mansilla y Beatriz Rojkés sólo abrieron la boca para votar por la negativa. mientras que el radical José Cano apostó por el sí al 82% y fundó su voto.

Voy a dar un ejemplo: hay $ 13.000 millones de pesos de la Anses depositados en plazos fijos, con una tasa anual del 9% en los bancos Macro y Galicia. Después esos bancos privados les prestan a los jubilados con una tasa del 33% o del 35% anual. Así que la plata está. Así argumentó el senador opositor, durante el debate celebrado el miércoles anterior, sobre cuyo emergió otra vez el protagonismo del vicepresidente Julio César Cleto Cobos. Con el voto del desempate se instaló con nitidez en el damero político.

Los radicales alfonsinistas interpretaron que deliberadamente el matrimonio K buscó atomizar el partido con el resultado de una votación negativa cantada de antemano. Había que pegarle a Raúl Alfonsín, que viene subiendo en las encuestas, se quejaron al evaluar lo que sucedió entre las bambalinas senatoriales. Especulaciones de comité, que reflejan aun imperfectamente la trama de la política.

El déficit de arrastre

La buena cara que muestra la economía no tapa otros problemas. La baja calidad de la política es una asignatura que se arrastra desde el emblemático 2001. El kirchnerismo no saldó ese déficit, por lo que la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones contrasta poderosamente con la marcha de los negocios.

Pelear contra las reglas que fija la política estatal, resulta muy difícil para los actores que pretenden desalojar al matrimonio K y al alperovichismo de sus bastiones del poder.

Nunca fue, en rigor, tarea sencilla para los opositores. Mucho menos cuando el oficialismo maneja una descomunal batería de recursos en forma arbitraria y procura neutralizar los más módicos controles. La Legislatura provincial sólo se limita a legalizar las decisiones de la Casa de Gobierno sin objeciones de ninguna naturaleza. El alperovichismo tramitó el 82% móvil para facilitar la jubilación de los jueces y promover una camada de reemplazo menos hostil para sus intereses. La cobertura de la vacante que Alberto Brito que dejará en la Corte Suprema de Justicia, saldrá a medida de la Casa de Gobierno, conforme a la lógica que rige hasta ahora en el alperovichismo.

El sistema de audiencias públicas que reclamó el presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Araóz, para evaluar las calidades técnicas y republicanas de los aspirantes a cubrir esa plaza, contribuiría a dar transparencia al proceso y a apreciar su independencia del Poder Ejecutivo. Públicamente nadie se hizo cargo de esa proposición, que no es un invento de Araóz, ni una idea inviable. Néstor Kirchner usó el esquema cuando renovó la Corte Suprema de Justicia heredada del menemismo, en los primeros años de su gestión.

Acciones y reacciones

La situación electoral marca el pulso del Gobierno y de sus adversarios. El ingreso de Fernando Juri al gabinete en una función ministerial es una hipótesis que circula en el mundo áulico. Ha vuelto al ruedo tras su reconciliación con el gobernador, conservando incluso una silla en el consejo provincial que conducirá la campaña para 2011. De hecho, él, Alperovich y los ministros Osvaldo Jaldo y Edmundo Jiménez mezclaron las cartas para llenar los casilleros de la directiva peronista.

La figuración que va adquiriendo el ex vicegobernador se explica por su apellido, históricamente embanderado con el peronismo. Puede encauzar una franja descontenta con actitudes de operadores típicamente alperovichistas. Las energías oficialistas, por directivas del gobernador, se canalizan en la creación de partidos provinciales que abarquen las tres secciones electorales.

Por fuera del mapa justicialista, el Peronismo Federal (PF) mostró ayer sus principales artilleros electorales en Salta, que se compro metieron a apoyar al binomio que consagre el espacio. Alperovich y (Jorge) Capitanich son irrecuperables, se comentó en los corrillos del encuentro, adonde acudió una nutrida delegación de Tucumán. A esos dos gobernadores se los ve muy jugados con el kirchnerismo. Hasta diciembre está programado que el PF se haya expandido por todo el país. Noviembre es el mes asignado para Tucumán.

Otra franja de la disidencia peronista proyecta negociar acuerdos electorales provinciales. No queremos que desde el orden nacional nos impongan un candidato a gobernador, adelantó uno de los arquitectos de ese plan. Distintos partidos provinciales, entre ellos Cruzada Peronista y Tres Banderas, propiciarían la formación del Frente de Unidad Popular. El sindicalista Raúl Rodríguez enfrentaría el desafío de competir con el peronismo en Banda del Río Salí. Todos ellos ven con buenos ojos la candidatura del radical Cano a la gobernación.